Hay temas que regresan y vuelven a incomodar a más de uno.
El caso de Roberto Borge es uno de ellos.
A finales de mayo, una resolución judicial permitió al exgobernador dejar la prisión de Morelos tras ser absuelto del delito de delincuencia organizada.
Aunque todavía enfrenta un proceso por lavado de dinero bajo prisión domiciliaria, la noticia volvió a colocar su nombre en el centro de la conversación pública y política de Quintana Roo.
Pero más allá de lo que determinen los tribunales, el caso vuelve a poner sobre la mesa una discusión que el estado no debería olvidar: la relación de la clase política con el poder y la facilidad con la que algunos intentan tomar distancia cuando las circunstancias cambian.
Para quienes hemos seguido durante años la vida pública de Quintana Roo, resulta imposible recordar aquel sexenio sin pensar en la enorme influencia que concentró el entonces gobernador.
También es imposible olvidar la cantidad de funcionarios, legisladores, dirigentes partidistas y operadores políticos que aparecían a su lado en prácticamente todos los eventos públicos.
Si algo no le faltaba a Borge era respaldo político. Los aplausos abundaban. Las muestras de lealtad eran constantes.
Las voces críticas, en cambio, eran escasas. Cuestionar era incómodo y disentir tenía costos. Muchos optaron por acompañar antes que señalar.
Con el paso del tiempo, sin embargo, el escenario cambió. Algunos de quienes formaron parte de aquella estructura encontraron espacio en nuevos partidos o administraciones.
Otros permanecieron en la vida pública bajo distintas siglas. Y varios han preferido actuar como si aquella etapa nunca hubiera existido.
Pero la historia está documentada.
Ahí están las fotografías, los discursos, las declaraciones públicas y los nombramientos. La memoria política no desaparece simplemente porque resulte incómoda.
El poder no se ejerce en solitario, y los proyectos de gobierno tampoco son responsabilidad de una sola persona.
Por eso el debate no tendría que limitarse únicamente a la situación jurídica de un exgobernador.
También debería servir para reflexionar sobre las lecciones que dejó aquel periodo y sobre la responsabilidad de quienes acompañan al poder cuando las decisiones se toman.
La memoria pública cumple una función esencial en cualquier democracia.
No para alimentar revanchas, sino para comprender cómo se construyen ciertas etapas de la vida política y evitar que los mismos errores vuelvan a repetirse.
Al final, el caso Borge no sólo habla de un personaje político.
También habla de una época en la que pocos se atrevían a cuestionar al poder y de muchos que hoy prefieren olvidar que estuvieron ahí cuando nadie decía que no.
