AMLO y CJ, retados por la mafia

Ambos han dicho, en concreto, que no cederán ante la intimidación de esos grupos que buscan proteger

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En los últimos días los mensajes del gobernador Carlos Joaquín y del presidente Andrés Manuel López Obrador han tenido el mismo tono ante la respuesta amenazante de corruptos y criminales a las acciones contra la corrupción y la delincuencia que ponen en riesgo sus negocios ilegítimos en los que generalmente son “socios”.

Ambos han dicho, en concreto, que no cederán ante la intimidación de esos grupos que buscan proteger, más que nada, las ganancias multimillonarias que han acumulado a costa del patrimonio público y, peor, del sufrimiento de la población.

“No vamos a hacer caso a ningún acto de intimidación. Vamos a seguir con el programa de transformación, se va a acabar la corrupción, se va a acabar la impunidad”, expresó López Obrador después de que en la madrugada del jueves apareció, en las inmediaciones de la refinería de Salamanca, Guanajuato, una camioneta con explosivos y una manta con amenazas hacia el mandatario atribuida al Cártel de Santa Rosa de Lima.

El “acto de intimidación”, como le llamó, fue considerado por la prensa como una respuesta a la batalla que viene librando contra el huachicoleo.

Carlos Joaquín, por su parte, ha emprendido una estrategia de seguridad pública ligada al plan del gobierno federal. “Grupos criminales, algunos incrustados en los cuerpos policiacos, son quienes pretenden desprestigiar la estrategia de seguridad en Quintana Roo, así como al titular de la dependencia, Alberto Capella, pero no daremos marcha atrás”, dijo el mandatario, quien también ha sido amenazado con mantas que aquí son atribuidas a grupos de poder político más que al crimen organizado aunque, en la práctica, vayan muchas veces ligados.

Así como López Obrador, Carlos Joaquín ha enfrentado, desde el inicio de su sexenio, ataques de corruptos y criminales que en muchos casos están coludidos y que responden con campañas de desprestigio o atentados violentos cuando ven en riesgo sus intereses.

Casos concretos: el ataque armado a la fiscalía general en enero de 2017 y el autoatentado de Barcos Caribe —propiedad de la familia del ex gobernador Roberto Borge— para intimidar, chantajear y mantener privilegios.

Igual que como responden esos grupos a la alternancia ahora en el poder presidencial, lo hicieron al llegar la alternancia política a Quintana Roo, con la cual se rompieron los pactos que se habían dado entre los sucesivos gobiernos y el crimen organizado que controla igual el narcotráfico que el huachicoleo, la trata de blancas y los secuestros.

Este paralelismo en el inicio de ambos gobiernos se da por atacar al crimen y la corrupción que permitió durante décadas el saqueo de México y de Quintana Roo, aquí más brutalmente durante los sexenios de Roberto Borge y Félix González, quienes saquearon las arcas públicas, se apropiaron y vendieron el patrimonio inmobiliario del estado, despojaron de propiedades a particulares y, aún más, vendieron hasta dos veces “la plaza”; es decir: a grupos rivales del narcotráfico.

En declaraciones publicadas, Carlos Joaquín atribuyó los últimos ataques al intento de desprestigiar a las corporaciones federales, estatales y municipales que están dando resultados positivos en el combate coordinado a la inseguridad. “Pero mantendremos esta estrategia firme para poder liberar a municipios como Benito Juárez y Solidaridad de estos grupos criminales que han intentado desestabilizar la tranquilidad y la paz social”, dijo.

Las cifras aportadas por el gobierno federal a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública confirman lo que dice el gobernador: a nivel estatal las estadísticas marcan una disminución en homicidios dolosos, o ejecuciones como les llaman los medios, a partir del último trimestre del año pasado, fecha que coincide con la entrada en funciones de la nueva estrategia de seguridad.

Es entonces creíble que grupos del crimen organizado o grupos de poder pretendan sabotear esta estrategia, así como a nivel nacional pretenden frenar las acciones emprendidas contra el millonario robo de combustible del que se habían beneficiado, no sólo criminales, sino también políticos.