Santiago Rodas / Grupo Cantón
El operador del transporte público fue asegurado luego de presuntamente ofrecer dinero a policías para evitar una infracción por pasarse un semáforo en rojo. Las autoridades reiteraron su política de cero tolerancia a la corrupción.
Cancún.- La política de cero tolerancia a los actos de corrupción comenzó a reflejarse en los operativos de seguridad vial en Cancún. Las autoridades mantienen la instrucción de no permitir ningún intento de soborno contra agentes de Tránsito, una práctica que durante años generó señalamientos y desconfianza ciudadana.
El mensaje, señalaron las autoridades, es que la aplicación del Reglamento de Tránsito no será negociable y que cualquier intento por evadir la ley mediante la entrega de dinero será perseguido conforme a la legislación vigente, como parte de la estrategia para fortalecer la disciplina institucional y la confianza en el actuar de los elementos.
Bajo este criterio, un conductor del servicio público fue detenido luego de presuntamente intentar entregar dinero en efectivo a oficiales de la Dirección de Tránsito para evitar una infracción, tras ser sorprendido cometiendo una falta al Reglamento de Tránsito en la Supermanzana 60.
De acuerdo con el reporte oficial, los agentes observaron que una unidad del transporte público con franjas verdes, marcada con el número económico TTE-891, cruzó un semáforo con la luz roja. Al detener el vehículo y notificar al conductor sobre la infracción correspondiente, éste presuntamente ofreció dinero en efectivo a los policías con el propósito de evitar la elaboración de la boleta de sanción.
Los oficiales rechazaron el ofrecimiento y actuaron conforme al protocolo, asegurando al conductor, identificado como Felipe de Jesús “N”, de 50 años de edad, por su probable participación en el delito de cohecho.
Posteriormente, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad competente, la cual será la encargada de determinar su situación jurídica conforme a derecho.
Las autoridades señalaron que este tipo de acciones buscan dejar en claro que los intentos de corrupción, tanto de servidores públicos como de particulares, no serán tolerados y que la aplicación de la ley deberá prevalecer sobre cualquier beneficio económico que pretenda influir en el desempeño de los agentes.
