Carlos Martínez / Grupo Cantón
Autoridades estatales identificaron al menos 370 asentamientos irregulares en Quintana Roo y trabajan en un diagnóstico integral para otorgar certeza jurídica a miles de familias
PDC.- El crecimiento urbano desordenado continúa siendo uno de los principales desafíos para Quintana Roo.
Autoridades estatales han identificado al menos 370 asentamientos irregulares en distintos municipios de la entidad, aunque la cifra podría incrementarse una vez que concluya el diagnóstico integral que actualmente se realiza para dimensionar el fenómeno.
El secretario de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable, José Alberto Alonso Ovando, informó que los municipios con mayor incidencia de este problema son Benito Juárez, Isla Mujeres, Othón P. Blanco y Puerto Morelos, donde la expansión de zonas habitacionales fuera de los instrumentos de planeación urbana ha generado complicaciones en materia de servicios públicos, movilidad y seguridad patrimonial.
“Son espacios donde la ausencia de ordenamiento territorial termina derivando en situaciones de vulnerabilidad para las familias”, señaló el funcionario al referirse a las condiciones que enfrentan miles de personas que habitan en predios sin regularización.
Instalan comité para atender el problema
Ante este escenario, autoridades estatales, académicos y especialistas instalaron en la Universidad del Caribe el Comité Estatal de Regularización de Asentamientos Humanos, organismo que tendrá la tarea de coordinar estrategias para avanzar en la regularización de estas comunidades y mejorar sus condiciones de vida.
Alonso Ovando explicó que el objetivo principal es brindar certeza jurídica a las familias que ocupan estos espacios y facilitar el acceso progresivo a servicios básicos como agua potable, energía eléctrica, drenaje, vialidades y equipamiento urbano.
Más de 240 mil personas viven sin certeza jurídica
Durante el encuentro, la investigadora de la Universidad del Caribe, Christine McCoy, advirtió sobre la magnitud del problema en la zona norte del estado. De acuerdo con sus estimaciones, cerca del 30 por ciento de la población de la zona metropolitana de Cancún e Isla Mujeres vive actualmente sin certeza jurídica sobre su patrimonio.
La especialista indicó que esta situación involucra aproximadamente a 240 mil personas agrupadas en unas 60 mil familias, reflejando una creciente demanda de vivienda que no ha sido atendida por los esquemas formales de desarrollo urbano.
McCoy explicó que el fenómeno tiene múltiples causas, entre ellas la necesidad de acceso a suelo para familias de bajos ingresos y la comercialización irregular de terrenos sin autorización oficial, lo que ha propiciado la expansión de asentamientos carentes de servicios básicos y garantías legales para sus habitantes.
Buscan frenar el crecimiento irregular
Las autoridades estatales señalaron que el diagnóstico en curso permitirá identificar con mayor precisión la ubicación y condiciones de estos asentamientos, con el propósito de diseñar rutas de atención, regularización y contención del crecimiento irregular.
Además de resolver la situación legal de miles de familias, el reto para los próximos años será fortalecer la planeación urbana, ampliar las opciones de vivienda formal y reforzar los mecanismos de vigilancia para evitar que continúe la proliferación de nuevos asentamientos fuera del marco legal.
