Redacción / Grupo Cantón
La resolución judicial permitiría al exgobernador Roberto Borge dejar el penal federal de Morelos y continuar únicamente su proceso por lavado de dinero bajo resguardo domiciliario en Cozumel.
Cancún.- Un juez habría absuelto al exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, del delito de delincuencia organizada, determinación jurídica que le permitiría abandonar el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) en Morelos para continuar su proceso por “lavado de dinero” bajo la medida cautelar de prisión domiciliaria.
Fuentes allegadas a la familia confirmaron que, tras quedar sin efecto el cargo de delincuencia organizada —ilícito que por ley prevé la prisión preventiva oficiosa y prohíbe cualquier beneficio de confinamiento residencial—, el exmandatario estatal podría hacer efectiva la sustitución de la medida cautelar penal por el único delito federal que aún mantiene vigente: operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).
Dado que el lavado de dinero permite constitucionalmente el seguimiento del curso judicial fuera de un centro penitenciario mediante el uso de mecanismos de vigilancia —como el brazalete electrónico y el resguardo domiciliario—, la defensa legal de Borge Angulo habría iniciado los trámites correspondientes para su traslado.
Trascendió que el exgobernador se encuentra actualmente bajo rigurosos chequeos médicos previos en el estado de Morelos, un requisito indispensable antes de que pueda retirarse formalmente del penal y viajar a Cozumel, donde se reunirá con su familia para cumplir con el resguardo.
Con esta resolución, Borge Angulo se convertiría en el segundo exgobernador quintanarroense en la historia reciente en encontrarse bajo el régimen de prisión domiciliaria, una condición de reclusión intermedia que actualmente también cumple el exmandatario Mario Villanueva Madrid.
Roberto Borge Angulo, quien gobernó Quintana Roo en el periodo 2011-2016, fue detenido el 4 de junio de 2017 en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, cuando pretendía abordar un vuelo con destino a París, Francia. Tras completarse el proceso de extradición en enero de 2018, fue ingresado a territorio mexicano para responder ante la justicia federal y local.
La Fiscalía General de la República (FGR) y las autoridades ministeriales del estado imputaron al exgobernador diversos delitos graves relacionados con el ejercicio de su función pública. Entre las principales acusaciones que lo mantuvieron en prisión durante casi nueve años destaca el remate del patrimonio estatal, mediante el desvío y enajenación de 24 terrenos de la reserva territorial de la entidad que equivalían a extensiones prioritarias en zonas turísticas, los cuales fueron vendidos a familiares y prestanombres a precios estimados en hasta un uno por ciento de su valor comercial real.
Asimismo, se le señaló por irregularidades en el transporte aéreo debido al presunto desvío de recursos públicos superiores a los 1,000 millones de pesos a través de la empresa paraestatal VIP Servicios Aéreos Ejecutivos S.A. de C.V. (VIP Saesa), la cual era empleada para el subarrendamiento de aeronaves destinadas a fines particulares y políticos.
A estos cargos federales se sumaron diversos procesos del fuero común, consistentes en carpetas de investigación fincadas por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por los delitos de peculado, aprovechamiento ilícito del poder y desempeño irregular de la función pública.
Todos esos delitos habría logrado combatirlos de manera exitosa, de tal manera que el único cargo que tiene actualmente es el de lavado de dinero.
Con esta resolución judicial, el proceso de lavado de dinero continuaría su cauce legal bajo condiciones de restricción domiciliaria supervisada por la autoridad federal, eliminándose de la relatoría de cargos la acusación por delincuencia organizada que imposibilitaba su excarcelación.
