AGENCIA SIM / Grupo Cantón
PLAYA DEL CARMEN.- Habitantes de la colonia Luis Donaldo Colosio acudieron a las afueras de la estación del Tren Maya para respaldar la obra federal y recordarle al presidente Andrés Manuel López Obrador su compromiso de regularizar sus terrenos.
Entrevistado en el lugar, Julio Cano Novelo, el presidente de los colonos y uno de los líderes que protagonizaron la invasión hace casi 30 años, indicó que están a favor de la obra y su presencia en este lugar es para pedirle al presidente que sean entregados sus títulos de propiedad.
“Tenemos nuestro pendiente que él (Andrés Manuel López Obrador) sabe y la autoridad de Playa del Carmen, de que nos urgen nuestro título de la tenencia de la tierra”, expresó y se dijo confiado de que antes de que termine su sexenio puedan recibir sus títulos.
También recordó que el próximo 2 de abril estarán festejando el aniversario número 30 de la fundación de la colonia en el parque Luis Donaldo Colosio, la cual cuenta con 5 mil 556 lotes, todavía sin regularizar.
Fue en 1994 cuando un grupo de ciudadanos invadió lo que se creía eran terrenos nacionales junto a la ciudad, con el argumento de que había una carencia de vivienda. De acuerdo a los líderes, existía un acuerdo tácito con el entonces gobernador, Mario Villanueva Madrid, para permitir que ocuparan estas tierras.
Las cosas se complicaron al cambiar el gobierno y surgir supuestos dueños a estos terrenos. El nuevo gobernador, Joaquín Hendricks Díaz, creó a la paraestatal Desarrolladora de la Riviera Maya (Derimaya) para mediar entre las partes y acordar el pago de los habitantes por los terrenos que ocupaban.
Durante décadas, habitantes de la colonia le han pagado mensualidades a Derimaya, sin obtener algún título, al no existir certeza legal sobre la zona.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció como promesa de campaña regularizar la zona, y después de un análisis jurídico, publicó un decreto en el que declaraba a este polígono como terrenos nacionales, aunque “dejando a salvo” los derechos de Derimaya, que de todas formas se amparó.
Esto, aunque el Gobierno del Estado tiene participación en esta empresa, a través de la Sedetus.
Apenas en enero, personal de la Fiscalía General del Estado cateó las oficinas de Derimaya, por supuesta defraudación fiscal.
