Redacción /Grupo Cantón
Casos emblemáticos como los de Paula González Cetina y Roberto Borge han reavivado el debate sobre los resultados de la estrategia anticorrupción impulsada durante el sexenio de Carlos Joaquín González
CANCÚN.- La promesa de justicia del sexenio de Carlos Joaquín González colapsó para convertirse, según el análisis presentado en esta nota, en uno de los mayores símbolos de impunidad en la historia reciente de Quintana Roo.
A diez años del inicio de una supuesta cruzada contra el saqueo borgista, el balance resulta devastador: las sentencias ejemplares se diluyeron en tribunales federales, los operadores financieros del presunto desvío permanecen intocables y el andamiaje acusatorio —construido, según esta versión, sobre motivaciones políticas y no sobre rigor jurídico— se desplomó pieza por pieza.
Las acusaciones que marcaron el sexenio de Carlos Joaquín
Entre todos los expedientes del sexenio joaquinista, el caso de Paula Guadalupe González Cetina, exdirectora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), es presentado como uno de los ejemplos más representativos de las irregularidades atribuidas al sistema judicial local y de la intervención posterior de instancias federales.
González Cetina fue señalada como responsable del presunto desvío de mil 55 millones de pesos correspondientes a una contraprestación pagada por la empresa Aguakan por la concesión del servicio de agua en Playa del Carmen.
La acusación formal sostenía que esos recursos fueron transferidos a la Secretaría de Finanzas y Planeación, donde posteriormente se perdió el rastro de los fondos.
Fue detenida en noviembre de 2017 y trasladada al Cereso de Chetumal, donde permaneció recluida hasta abril de 2018, cuando obtuvo prisión domiciliaria.
En febrero de 2019, un juez local la declaró culpable por el delito de peculado.
Sin embargo, su defensa llevó el caso a la justicia federal argumentando que el proceso estuvo marcado por irregularidades y motivaciones políticas.
Tras la revisión del expediente, tribunales federales concluyeron que no se acreditó la comisión del delito de peculado, señalando deficiencias en la fundamentación jurídica de las resoluciones emitidas por instancias locales.
González Cetina también promovió una demanda ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado para reclamar la reparación de daños derivados del proceso.
Juan Pablo Guillermo y los cuestionamientos pendientes
Mientras varios exfuncionarios enfrentaron procesos judiciales, Juan Pablo Guillermo Molina, exsecretario de Finanzas durante la administración de Roberto Borge Angulo, no fue encarcelado ni enfrentó procesos que prosperaran judicialmente.
Su nombre ha sido mencionado durante años dentro del debate público relacionado con las investigaciones sobre el manejo de recursos durante la administración borgista.
El caso es utilizado por críticos de la estrategia anticorrupción del sexenio anterior como ejemplo de las presuntas inconsistencias en la persecución de responsabilidades.
La situación jurídica actual de Roberto Borge
Roberto Borge Angulo fue detenido en Panamá en junio de 2017 cuando intentaba abordar un vuelo con destino a París. Posteriormente fue extraditado a México en enero de 2018 y recluido en centros penitenciarios federales.
Durante años, su caso fue presentado como uno de los principales logros de la estrategia anticorrupción impulsada durante la administración de Carlos Joaquín González.
Sin embargo, tras años de litigios, diversos procesos estatales relacionados con peculado, desempeño irregular de la función pública y aprovechamiento ilícito del poder fueron concluidos mediante resoluciones judiciales y recursos legales promovidos por su defensa.
El legado de la cruzada anticorrupción en Quintana Roo
Actualmente, de acuerdo con la información disponible en esta nota, el único proceso activo en su contra corresponde al ámbito federal por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Asimismo, se señala que la administración encabezada por Mara Lezama encontró diversos expedientes prescritos o sin viabilidad jurídica para continuar los procedimientos originalmente iniciados durante el sexenio anterior.
La nota concluye señalando que, para diversos sectores críticos, el combate a la corrupción emprendido durante el gobierno de Carlos Joaquín González no logró los resultados esperados y dejó abiertos cuestionamientos sobre la procuración de justicia en Quintana Roo.
