JESÚS VÁZQUEZ
GRUPO CANTÓN
CANCÚN.- La investigación anunciada por la CNDH para identificar posibles violaciones a los derechos humanos en la construcción del Tren Maya se funda en el amparo previamente ganado por las comunidades indígenas de Calakmul, a quienes un juez les concedió hace dos meses la suspensión definitiva del proyecto.
El referido recurso fue interpuesto por los pueblos Maya Peninsular y Ch’ol, que forman parte del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX).
Aunque en su momento se pronunciaron satisfechos con el otorgamiento del recurso, también dijeron que no estaban conformes con los alcances del mismo, argumentando desde entonces presuntas violaciones a sus derechos humanos.
“Estamos satisfechos, pero no conformes. Satisfechos porque se confirma la suspensión definitiva sobre la ejecución del proyecto de desarrollo Tren Maya. No conformes, porque limita la suspensión a Calakmul. Esa limitación violenta derechos de los pueblos indígenas a la integridad de sus territorios, a su hábitat y al ejercicio de su autonomía y libre determinación. Por ello, haremos uso del recurso correspondiente”, se lee el pronunciamiento publicado en su momento por Quintana Roo Hoy.
No han sido los únicos que denuncian violaciones a sus garantías. En junio de este año, con motivo del banderazo de arranque de las obras, más de 150 organizaciones indigenistas y otros 100 activistas de la Península de Yucatán se pronunciaron en contra del Tren Maya.
Señalaron entonces que se han atropellado los derechos y garantías de la población y se ha violentado el Estado de derecho pese a los amparos en los que jueces federales han ordenado la suspensión de muchas de las actividades del proyecto y a que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) había ya ordenado como medida cautelar la suspensión de actividades no esenciales del proyecto.
Acusaron incluso al Poder Judical de no ser imparcial “ante las repetidas negativas de juzgados federales de Campeche y Yucatán luego de los amparos contra el proyecto férreo”.
Además, señalaron que al menos cuatro de las cinco entidades por las que correrá el tren se verían afectadas, porque no existió un diálogo preliminar con las comunidades para tomar su parecer y conocer sus necesidades, pasando por alto el derecho que tienen a decidir libremente su futuro, lo cual violaría sus derechos constitucionales.
A eso se agregaría que el proyecto no cumple con la evaluación de impacto ambiental en todo el circuito, ya que sólo tramitaron la Manifestación de Impacto Ambiental que corre en el tramo de Cancún hasta Escárcega, en la zona de Quintana Roo.
