Manuel Baeza/Grupo Cantón
La propuesta de sancionar a padres por conductas de menores en Cancún genera debate. Derechos Humanos advierte que las medidas deben priorizar la prevención y el interés superior de la niñez.
Cancún.- La posibilidad de aplicar sanciones a padres de familia por conductas indebidas de sus hijos menores de 18 años ha abierto un nuevo debate en Cancún, especialmente tras operativos donde se detectó a adolescentes en situaciones de riesgo, como el uso irregular de motocicletas.
La presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, Omega Ponce Palomeque, señaló que cualquier medida en este sentido debe analizarse con responsabilidad y bajo un enfoque que priorice el interés superior de los menores.
La ombudsperson explicó que, si bien existe una corresponsabilidad en el cuidado de niñas, niños y adolescentes, esta no recae únicamente en las familias, sino también en las instituciones y en la sociedad en su conjunto. En ese contexto, consideró que trasladar sanciones administrativas a los padres podría generar reflexión, pero no necesariamente resolver de fondo las problemáticas que enfrentan las infancias en entornos urbanos como Cancún.
Ponce Palomeque advirtió que las medidas punitivas no deben ser la única respuesta ante fenómenos complejos como el abandono temporal, la falta de supervisión o la exposición a riesgos. Subrayó que es necesario fortalecer políticas públicas preventivas, promover la educación familiar y generar entornos seguros para el desarrollo de los menores, antes que centrarse únicamente en castigos.
Asimismo, indicó que cualquier reforma en esta materia debe pasar por un análisis legislativo cuidadoso, en el que se incluya la opinión de organismos de derechos humanos para garantizar que no se vulneren las garantías de niñas, niños y adolescentes.
Recalcó que el objetivo debe ser proteger y no criminalizar a las familias, especialmente en contextos donde las dinámicas laborales obligan a los padres a ausentarse por largas jornadas.
Finalmente, reiteró que la Comisión se mantendrá atenta a las decisiones que tomen las autoridades, vigilando que se respete el marco de derechos humanos. Mientras tanto, hizo un llamado a abordar el tema desde la prevención y la corresponsabilidad social, más que desde una lógica exclusivamente sancionadora.
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