ALEJANDRA GALICIA
GRUPO CANTÓN
CANCÚN.- El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de permitir el aborto en mujeres menores de edad en caso de violación sin que sea necesaria la autorización de padres o tutores o denunciar ante el Ministerio Público, facilitará la ruta jurídica para que en Quintana Roo se actualice el Código Penal y deje de revictimizarse a las mujeres que solicitan la interrupción del embarazo.
En Quintana Roo el aborto solo está permitido bajo cuatro causales jurídicas descritas en el Código Penal del Estado, en el artículo 97, establece que la mujer no será sujeta a penas de cárcel cuando el aborto sea resultado de una conducta culposa de la mujer embarazada, cuando el embarazo sea causado por una violación y haya realizado la denuncia ante el Ministerio Público y no hayan transcurrido más de 90 días, cuando a juicio de por lo menos dos médicos indiquen que el producto tiene alteraciones genéticas o congénitas, y cuando la vida de la mujer esté en peligro durante el embarazo.
En el tema específico de violación la SCJN avaló la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM-046) que indica de manera obligatoria a los hospitales públicos de Quintana Roo y todo el territorio nacional garantizar el acceso al aborto a menores de 12 a 17 años, sin la necesidad de interponer una denuncia penal o aunque no cuente con el permiso de sus padres.
La corte ya había avalado la NOM-46 desde 2019 para que todos los hospitales de México hagan valido el aborto en violación bajo estas condiciones, sin embargo, los estados de Baja California y Aguascalientes ingresaron amparos con el argumento de que estas nueva normatividad se realizaron sin respetar sus competencias como gobiernos locales. Las y los ministros de la SCJN rechazaron estas dos controversias constitucionales e instruyeron la obligatoriedad de los hospitales a garantizar el aborto a mujeres víctimas de violación.
Este fallo de la SCJN deja en descubierto el desfase que actualmente tiene el Código Penal de Quintana Roo, que obliga a las mujeres a denunciar ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en caso de tener un embarazo producto de una violación, dijo la abogada e integrante de Marea Verde, Yunitzilim Rodríguez Pedraza.
“El personal de salud no tiene que verificar el dicho de la solicitante con la simple manifestación de buena fe se tiene que creer en la palabra de la víctima y se entiende que es un tema de no revictimizar y no se puede objetar obviamente ninguna situación de objeción de consciencia, se tiene que verificar que haya personal necesario para otorgar el procedimiento de aborto por lo tanto el sistema de salud deberá proveer con médicos y enfermeras capacitadas que no sean objetores de consciencia, esto es una responsabilidad”, dijo la defensora de Marea Verde.
Aunque la NOM-046 es clara en Quintana Roo no se acata de manera correcta por autoridades de salud, ya que colectivas como Marea Verde han atendido cuatro casos de mujeres, algunas menores de edad que solicitan el aborto a través de la aplicación de norma, sin embargo, son detenidas para verificaciones sobre el caso por autoridades de la FGE para que haga la denuncia o no aplicarle el aborto solicitado por ser menores de edad. Ante estas acciones violatorias de derechos, los colectivos en el sur y norte de Quintana Roo intervienen para evitar que las mujeres terminen en la cárcel o sean violados sus derechos.
“No se debe cuestionar el dicho de la víctima, no es necesario llamar a la Fiscalía para que se presente la denuncia, pueden sugerirlo y si la víctima quiere hacerlo en dado caso dar vista, pero eso no implica que no proporcionen el servicio de la interrupción voluntaria del embarazo”, sostuvo la integrante de Marea Verde.
De acuerdo con datos de la FGE en el último cuatrimestre de 2022 se ha procesado a una mujer por abortar, reportado en febrero ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
PETICIONES
Las mujeres de Quintana Roo es diversas ocasiones han solicitado al Congreso de Quintana Roo que se atienda las leyes para la despenalización del aborto, incluso en 2021 grupos de mujeres que integran la Red Feminista Quintanarroense como parte de la protesta para atender el tema tomaron las instalaciones del congreso para solicitar se pasara a las comisiones el análisis y votar por una decisión afirmativa o rechazarla.
Después de dos meses de tomar el congreso local el año pasado, diversas manifestaciones en municipios y cinco años de no retomar iniciativas enviadas al congreso sobre el aborto, las y los diputados de la XVI Legislatura realizaron trabajos legislativos y en marzo de 2021 rechazaron la despenalización del aborto por mayoría de votos.
Este reciente fallo de la SCJN obliga a armonizar las leyes estatales para apegarse a la normativa federal y la obligación de la aplicación de la NOM-046 en hospitales de Quintana Roo.
Mujer violada es ayudada por colectivos para evitar ser encarcelada por abortar
Graciela N, mujer a la cual se le ocultó su nombre para proteger su identidad y dignidad a petición de la colectiva Marea Verde, fue víctima de violación y negligencia de las autoridades de salud que le rechazaron como primeros respondientes su derecho a acceder a retrovirales para evitar enfermedades de transmisión sexual después de ser víctima de violación.
Graciela es una mujer que en 2019 salió de fiesta en Chetumal en la discoteca Rock Shots Café. Cuando terminó la fiesta abordó un taxi para regresar a su casa y comenzó a sentirse mal porque se encontraba bajo los efectos del alcohol. La mujer despertó tirada en el piso afuera de la puerta de su casa, pues el operador del taxi la había violado y abandonado.
La mujer quedó afectada psicológicamente por la violación y pasó semanas resguardada en su casa, sin querer comer, salir de su habitación, rechazando la interacción y ayuda de otras personas, incluso se negaba a denunciar la violación por no querer repetir la situación de trauma.
Sin embargo, integrantes de Marea Verde intervinieron para darle seguimiento a su caso, ya que en situaciones de violación es necesario conseguir retrovirales para las víctimas con el objetivo de impedir la propagación de infecciones de trasmisión sexual.
La colectiva Marea Verde realizó el proceso de conseguir el kit de retrovirales con el apoyo de Red Positiva A.C desde el servicio de salud público ya que en privado era muy costoso superior a los 9 mil pesos.
En el hospital de Chetumal los doctores no atendían a la víctima que era acompañada por activistas, ya que los médicos solicitaban que la mujer presentara el documento de la denuncia por violación.
Las autoridades de salud llamaron al Ministerio Público para que acudieran al hospital a verificar a la víctima que estaba buscando retrovirales para salvar su vida, por lo que ante la negativa de las autoridades las activistas llamaron a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo) para obligar a las y los médicos a otorgarle los retrovirales solicitados, la aplicación de la NOM-046 sin la necesidad de hacer una denuncia penal.
“Imagínate ni siquiera era una interrupción de embarazo, era otorgamiento de retrovirales para evitar un embarazo o alguna infección de transmisión sexual. Llamaron al fiscal del Ministerio Público llegó y tuvimos que pelearnos, llegó la Comisión de Derechos Humanos hasta que logramos que le dieran los retrovirales sin que interpusiera la denuncia”, dijo Yunitzilim Rodríguez Pedraza.
Entidad con más abortos en el sureste del país
Quintana Roo es la entidad de todo el sureste que tiene la mayor cantidad de mujeres que viajan a la Ciudad de México para realizarse un aborto.
De acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud del gobierno de la Ciudad de México desde 2007 hasta marzo de 2022, la entidad ha registrado 162 abortos de mujeres provenientes de Quintana Roo.
En el sureste, después de Quintana Roo es el estado de Chiapas el que más utiliza la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) a través de alguna unidad médica registrada, ya que hasta este 2022 han acudido por el servicio 80 mujeres, 63 casos en Tabasco, 51 en Yucatán y solo 16 en Campeche.
A nivel nacional son 247 mil 410 las mujeres que abortaron legalmente desde 2007 a la fecha. Las mujeres que utilizan la ILE son aquellas que tienen entre 18 a 24 años con el 46% de los casos, seguido de las mujeres de 25 a 29 años con el 24% y las adultas de 30 a 34 años con el 14%.
El 43% de las mujeres que necesitaron abortar tenían un grado de estudio de bachillerato, el 31% educación secundaria y 18 estudios de nivel medio superior. En cuanto a su estado civil el 54% eran mujeres solteras, 29% se encontraba en unión libre y 12% casada.
La mayoría de las mujeres en Quintana Roo y a nivel nacional realizan el aborto a través de medicamentos, seguido de la aspiración y en menores casos por legrado uterino.
