Manuel Baeza / Grupo Cantón
Cerca de 96 ejidatarios de Alfredo V. Bonfil se reunirán el próximo 5 de julio para definir las acciones legales y de negociación que emprenderán en busca de una indemnización.
Cancún.- Después de casi tres décadas de mantener un conflicto por el uso de sus tierras, cerca de 96 ejidatarios de Alfredo V. Bonfil se reunirán el próximo 5 de julio para definir las acciones que emprenderán en busca de una indemnización que consideran acorde al valor de los predios donde actualmente operan pozos que abastecen de agua potable a importantes zonas de Cancún, incluida la zona hotelera.
Josué de Jesús Cruz García, uno de los ejidatarios involucrados, explicó que el origen del conflicto se remonta al periodo de 1996 a 1999, cuando se otorgó la concesión para instalar infraestructura hidráulica que hoy opera Aguakán. Con el crecimiento de la ciudad, aseguró, la superficie ocupada se amplió y los propietarios quedaron imposibilitados para aprovechar sus terrenos debido a las restricciones que implica la operación de los pozos.
El representante de los afectados señaló que los tribunales ya reconocieron, mediante un juicio y un amparo, el derecho de los ejidatarios a recibir una compensación económica. Sin embargo, afirmó que hasta el momento no existe certeza sobre el monto que correspondería a cada propietario ni sobre el mecanismo mediante el cual se realizaría el pago.
Uno de los principales puntos de inconformidad, dijo, es la propuesta económica que ha trascendido entre los afectados, la cual contempla un pago de 96 pesos por metro cuadrado. Los ejidatarios consideran que esa cantidad está muy por debajo del valor real de las tierras y de los tabuladores aplicados en otros proyectos federales, como la adquisición de predios para el Tren Maya. Además, aseguran que de ese monto todavía tendrían que descontarse los honorarios legales.
Durante la asamblea también se analizará la posible contratación de un nuevo despacho jurídico para fortalecer la defensa del caso, aunque existe división entre los ejidatarios, pues un grupo considera que antes debe sostenerse una reunión con las autoridades para conocer las condiciones de una eventual negociación.
Cruz García reiteró que el movimiento no pretende afectar el suministro de agua potable en Cancún. Aunque reconoció que algunos propietarios han planteado manifestaciones si el conflicto sigue sin resolverse, insistió en que la prioridad es alcanzar un acuerdo mediante el diálogo y obtener una indemnización que refleje el valor de las tierras utilizadas desde hace casi 30 años.
