Carlos Martínez / Grupo Cantón
El conflicto por la mina Calica en Playa del Carmen entra en una fase decisiva marcada por el peso del T-MEC (USMCA), la presión de Vulcan Materials Company
Playa del Carmen.- El choque geopolítico y ambiental más largo en la historia de Quintana Roo tomó un rumbo inesperado. A menos de un mes de que empiece formalmente la revisión del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el conflicto por la clausura de la mina Calica ha entrado en una nueva fase donde la resistencia jurídica de la compañía parece dar frutos, lo que fuerza un giro pragmático en la postura de la administración federal mexicana.
A ras de suelo, en el kilómetro 282 de la carretera federal Chetumal–Puerto Juárez, en el corazón de la Riviera Maya, el paisaje de la cantera (hoy llamada Sac-Tun) parece una escena del fin del mundo: pozas artificiales abandonadas, bandas transportadoras silenciadas y el verde de la selva que reclama los bordes del proyecto de extracción de piedra caliza más grande del Caribe mexicano.
Sin embargo, en las altas esferas de la diplomacia y el comercio internacional, los despachos jurídicos de la matriz estadounidense Vulcan Materials Company acaban de anotarse una victoria estratégica que redefine las reglas del juego entre el capital extranjero y el gobierno mexicano.
De la clausura ambiental al litigio internacional
Tras años de una ofensiva desde Palacio Nacional que prometía sepultar definitivamente las operaciones de la filial estadounidense bajo los cargos de “ecocidio”, el gobierno ha tenido que bajar los decibeles.
La confirmación de que el Gobierno de México —ahora encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum— mantiene mesas de trabajo activas con la trasnacional para buscar una “solución negociada”, devela que la rigidez ideológica ha cedido ante el peso específico de los tribunales internacionales y el fantasma de una parálisis comercial a días de la renegociación del T-MEC.
Para entender la magnitud del repliegue oficial, es necesario escarbar en la historia de un enclave industrial que durante 36 años operó con la precisión de un reloj suizo. Calica inició operaciones en 1986 mediante una asociación estratégica entre el gigante mexicano Grupo ICA y Vulcan Materials. Con el tiempo, la corporación de Birmingham, Alabama, tomó el control absoluto de la operación.
Punta Venado y el valor estratégico del puerto industrial
Desde el puerto de altura de Punta Venado, una infraestructura clave y codiciada por su calado profundo —el cual tomó forma con cada tonelada de roca extraída—, millones de toneladas de material pétreo salieron anualmente para alimentar las carreteras, puentes y rascacielos del sur de los Estados Unidos. Calica no era una sascabera cualquiera, era una pieza geopolítica del mercado de agregados estadounidense.
Pero la bonanza económica corría en paralelo al desgaste del entorno. Organizaciones ambientalistas locales y científicos independientes documentaron durante décadas lo que calificaron como un impacto irreversible al corazón de la Riviera Maya:
- Destrucción sistemática de selva mediana y zonas de manglar.
- Perforación y extracción por debajo del manto freático, alterando la dinámica del acuífero subterráneo.
- Devastación de techos de cavernas, alteración de cenotes y fractura del subsuelo kárstico.
La cuerda se rompió cuando comenzó a construirse el Tren Maya. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador pidió usar el puerto para la movilización de balastro y los directivos de Calica pidieron a cambio que se les permita operar un “home port” para cruceros, como los que operan en La Florida.
Daños ambientales y transformación del paisaje en Sac-Tun
Al gobierno no le gustó la propuesta.
Entonces, a partir de mayo de 2022 empezaron las acciones del gobierno federal contra la empresa. Tras inspecciones federales que detectaron un presunto excedente en los volúmenes de extracción autorizados, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso una clausura total de las áreas de explotación. Los barcos dejaron de cargar. La maquinaria se detuvo.
El Estado mexicano parecía haber ganado la primera batalla en el terreno físico.
López Obrador convirtió el caso Calica en el emblema de su cruzada contra las empresas extranjeras en el sureste, tras elevarlo al rango de causa nacional. Desde el púlpito de sus conferencias matutinas, el exmandatario exhibió fotografías satelitales y videos aéreos para fustigar a la compañía.
“Lo que quisiera es que visitaran la zona porque es ecocidio”, lanzó López Obrador, dirigiendo el mensaje al panel internacional que ya comenzaba a revisar el caso.
El giro del gobierno mexicano hacia una salida negociada
En un intento por blindar la salida de la minera, el gobierno endureció la postura en mayo de 2024 al decretar que las más de 2 mil hectáreas de la cantera quedaban integradas a la nueva Área Natural Protegida (ANP) “Felipe Carrillo Puerto”. En el discurso público, el destino de la mina estaba sellado: no habría más piedra para Estados Unidos.
Sin embargo, en las oficinas corporativas de Birmingham y Ciudad de México, los representantes legales de la minera tejían una estrategia de contención basada en el derecho internacional y la validez de los actos administrativos de gobiernos anteriores.
“La afirmación de que los permisos son irregulares es falsa”, reviró Sac-Tun en uno de sus posicionamientos institucionales más enérgicos.
A nivel corporativo, Vulcan Materials Company fijó una postura firme: “No aceptaremos esta expropiación ilegal de nuestras inversiones”, advirtió la firma.
