CANCÚN, QROO.- La violencia hacia la mujer en Quintana Roo había permanecido prácticamente oculta por los sucesivos gobiernos hasta que en 2017 hubieron cambios sustanciales no sólo para condenar severamente a los agresores, sino para atender, proteger y refugiar a las víctimas cuando acuden a presentar su denuncia o desde el momento en que algún servidor público detecta que alguna paciente o usuaria enfrenta algún tipo de violencia.
En abril de 2017, se creó por decreto en Quintana Roo la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer y por Razones de Género, con el fin de que las víctimas de violencia tuvieran acceso a la justicia en un estado donde los sucesivos gobiernos habían desatendido siempre esta responsabilidad.
Este avance en la procuración de justicia hacia la mujer significa, entre otras cosas, que los agresores y asesinos cumplirán condenas más severas que las establecidas para un homicidio. Según el artículo 86 del Código Penal del estado “al que prive de la vida a otro se le impondrá de diez a veinticinco años de prisión”, mientras que “al que comete delito de feminicidio, el que dolosamente prive de la vida a una mujer por razones de género, se le impondrá prisión de 24 a 50 años”; esto último conforme al artículo 89-Bis que había permanecido como “letra muerta” hasta el juicio del ex policía estatal Ramón Fernando Caamal, quien fue condenado a 43 años de prisión.
Iniciaron más de cinco mil carpetas de investigación; vinculó a 130 presuntos delincuentes; obtuvo en los juzgados 100 órdenes de aprehensión; logró sentenciar a 80 imputados y dictó, por protocolo, más de cuatro mil medidas de protección para las víctimas de violencia.
