Redacción/Grupo Cantón
El Congreso de Quintana Roo aprobó una reforma que amplía el plazo para transferir concesiones, garantizando la protección económica de las familias, además de analizar iniciativas en salud y economía circular.
Chetumal.- La XVIII Legislatura del Estado aprobó una reforma a la Ley de Movilidad que busca salvaguardar tanto los derechos de la persona concesionaria como los intereses de su familia designada, al ampliar el plazo que marca la ley para que las personas beneficiarias de la concesión puedan realizar los trámites correspondientes para la designación de una persona sustituta, garantizando así la continuidad de este derecho.
En la sesión ordinaria número 21, el Pleno Legislativo aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos quinto y sexto del artículo 113 de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo.
En el dictamen, las diputadas y diputados consideraron que este mecanismo no solo responde a la voluntad de la persona concesionaria, sino que también garantiza la continuidad del sustento para su familia, evitando que quede desprotegida, dado que en muchas ocasiones el ingreso generado por la concesión representa el principal sustento económico del hogar. Por ello, su transferencia adecuada puede significar la diferencia entre estabilidad y vulnerabilidad para las personas dependientes de la titularidad.
En la misma sesión, se dio lectura a una iniciativa promovida por el diputado Filiberto Martínez Méndez para reformar la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo, la cual tiene por objeto crear políticas públicas que permitan a las autoridades atender de forma más eficiente y en etapas tempranas la enfermedad renal crónica.
De igual forma, se dio lectura y se turnó a comisiones para su análisis la iniciativa para expedir la Ley de Economía Circular, presentada por el diputado Jorge Sanén Cervantes, la cual tiene como objetivo cuidar y conservar el medio ambiente mediante políticas y mecanismos que permitan incrementar la vida útil de los productos, minimizar, recuperar, aprovechar y valorizar los residuos, así como establecer la concurrencia de atribuciones entre el Estado y los municipios.
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