Managua, Nicaragua
Las protestas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, cumplieron hoy cuatro meses, por lo que los nicaragüenses decidieron tomar las calles para decir que en Nicaragua “nada está normal”.
En la crisis sociopolítica en Nicaragua, que inició el pasado 18 de abril después que el gobierno anunció que planeaba reformas al sistema de seguridad social, aún no se vislumbra una solución, mientras sigue la represión contra los manifestantes, los asesinatos, las desapariciones y las detenciones arbitrarias.
Miles de personas realizaron la tarde de este sábado una marcha en Managua, la capital del país; y en las ciudades de León, Estelí y Granada, así como diversos municipios, para conmemorar los cuatro meses de lucha cívica contra el gobierno de Ortega, durante los cuales 448 personas han muerto.
En Managua tuvo lugar la manifestación más grande, en la que miles de personas –vestidas con ropa color azul y otros de blanco- caminaron desde la rotonda Jean Paul Genie hasta la glorieta Cristo Rey.
Con el lema “Aquí nada está normal”, los nicaragüenses denunciaron las acciones represivas del gobierno, demandaron justicia y exigieron nuevamente la renuncia de la pareja presidencial a lo largo del recorrido, además de portar pancartas en las que pidieron la libertad de todos los presos políticos.
“Castigo a los asesinos” y “desarme de los paramilitares” son otras de las frases que se leen en las pancartas, de acuerdo con reportes de los periódicos La Prensa y el Nuevo Diario, así como del canal independiente 100% Noticias.
En tanto, los partidarios de Ortega también recordaron la fecha con una contramarcha de apoyo que partió del Monumento Alexis Argüello y culminó en la rotonda Hugo Chávez.
La crisis ha sumergido al país en la violencia, el caos, el miedo y en una crisis económica que han obligado a miles de ciudadanos a desplazarse hacia otros países.
Sin embargo, Ortega se niega a renunciar y asegura ser objetivo de un intento golpista encabezado por los obispos que han tratado de mediar en la búsqueda de una solución.
De acuerdo con organismos de derechos humanos, más de 400 personas han muerto, miles más han resultado heridas, unas 600 han sido detenidas de forma arbitraria, y hay un número indeterminado de desaparecidas en los cuatro meses de conflicto.
La comunidad internacional y la Conferencia Episcopal Nicaragüense (CEN) han llamado a reanudar el Diálogo Nacional entre los sectores de la sociedad -agrupados en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia- y el gobierno, pero Ortega ya ha advertido que no negociará.
Incluso, el mandatario afirmó que no permitirá el ingreso al país del grupo de trabajo que formó la Organización de Estados Americanos (OEA), a pesar de que lo había aceptado en el marco del Diálogo Nacional, antes de que este fuera suspendido por él mismo.
En este contexto, la vicepresidenta Murillo declaró la víspera a los medios estatales que rechazar al gobierno de Nicaragua es un “golpe sacrílego, pecaminoso” e insistió en que el gobierno es objeto de un “intento frustrado de golpe de estado” conducido por “la poquedad”.
Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) han acusado al gobierno de Ortega de “asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias”.
