Ciudad de México.- La intención del virtual Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de vender el avión presidencial y, en su lugar, utilizar vuelos comerciales, no conviene financiera ni operativamente, según expertos.
El Boeing 787-8 se adquirió en 2012 por 218.7 millones de dólares (187.6 millones de euros), equivalentes a 2 mil 952.4 millones de pesos, con un tipo de cambio de 13.50 pesos por dólar. El avión tiene nueve años de antigüedad, porque salió de fábrica en 2009 y considerando que una aeronave se deprecia entre 5 por ciento y 8 por ciento cada año, ahora puede tener un valor de 103.1 millones de euros (120.2 millones de dólares), de acuerdo con un vendedor de aviones privados. Pero como se configuró para uso del Gobierno, todo ese equipamiento se va a perder porque no tiene ningún valor para una aerolínea comercial, por lo que se puede vender por 30 por ciento de su precio original.
En 2016, cuando se entregó el avión, el Gobierno mexicano dio a conocer una evaluación de la firma Ascend Flightglobal Consultancy sobre la conveniencia de venderlo. El cálculo fue que venderlo a una aerolínea comercial en enero de 2019, sería por un valor de 70 millones de euros (81.6 millones de dólares), es decir, 37 por ciento de lo que se pagó por él. Y si se le vendiera a un cliente privado, sería por alrededor de 121.8 millones de euros (142 millones de dólares).
Rob Morris, gerente de Consultoría Global de Ascend Flightglobal, comentó que desde que hicieron el análisis en 2015, el mercado de aviones corporativos ha cambiado poco, por lo que sus conclusiones no han variado demasiado. “Estamos enterados que por lo menos dos Boeing 787 usados han salido a la venta, uno de ellos en junio de 2016 y hasta la fecha no se ha vendido. Esto demuestra la falta de demanda y el reto que significa vender un 787 usado. Como valuadores de aeronaves y analistas de mercado seguimos el comportamiento del mercado de las aeronaves corporativas y creemos que sigue siendo un reto poner el mercado un 787 configurado para uso corporativo”, explicó Morris a El Universal, por escrito. Por lo tanto, Ascend Flightglobal considera que el Gobierno mexicano debe conservar la operación de la aeronave durante los 15 años del contrato de arrendamiento con Boeing.
