Redacción / Grupo Cantón
MÉXICO.- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el gobierno de México debe entregar una versión pública de la denuncia contra la empresa Calizas Industriales del Carmen (Calica).
Con el argumento de afectación a la “seguridad nacional”, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) presentó recursos de revisión contra la decisión del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que ‘congelaron’ la obligatoriedad de la versión pública
En la resolución votaron en contra las ministras Loretta Ortiz Ahlf y Lenia Batres Guadarrama; incluso, en la ponencia de ambas se advierte que, de no hacerlo, el gobierno central perdería el arbitraje internacional que tiene contra la empresa.
El INAI ordenó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) presentar una versión pública contra la empresa que explota materiales pétreos, con sede en Playa del Carmen, cabecera municipal de Solidaridad.
La solicitud de la dependencia se presentó en junio del año pasado ante la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
El gobierno federal y el consorcio estadunidense Vulcan Materials ─propietario de Calica─ sostienen un arbitraje por el retiro de la concesión para explotar yacimientos de piedra caliza en el estado de Quintana Roo.
En ese caso, fue la CJEF la que argumentó un riesgo de “seguridad nacional” y no la Semarnat, por lo que no se podía realizar el estudio, de acuerdo al proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.
La Corte de Justicia consideró que difundir la versión pública de la denuncia no afecta el desarrollo del litigio ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias de Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, en el que la empresa extranjera solicita una indemnización de mil 900 millones de dólares.
