Redacción / Grupo Cantón
La iniciativa busca frenar abusos en tarifas, garantizar despedidas dignas y fortalecer la vigilancia sanitaria en panteones y servicios funerarios.
El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para que los municipios del país retomen la rectoría de la cadena funeraria y la establezcan como un servicio público, que incluya la velación, cremación, inhumación y traslado de restos humanos.
La propuesta, impulsada por la diputada Claudia Rivera Vivanco, plantea reformar el artículo 115 de la Constitución con el objetivo de modernizar el concepto de panteones y poner fin a las tarifas excesivas que, de acuerdo con la legisladora, se han incrementado hasta en 100% en los últimos años, con paquetes funerarios que superan los 50 mil pesos.
Rivera Vivanco explicó que la iniciativa busca que los ayuntamientos garanticen espacios físicos para la inhumación, regulen de manera integral toda la cadena funeraria y establezcan tabuladores de precios justos mediante títulos de concesión transparentes, además de asegurar que los servicios cumplan con estándares dignos y adecuados.
La diputada señaló que la última actualización en esta materia se realizó en 1983, por lo que la legislación vigente resulta anacrónica frente a la realidad actual del país. Este vacío legal, afirmó, ha sido aprovechado por agencias privadas para imponer tarifas elevadas sin una regulación efectiva.
“Hoy enfrentamos un vacío jurídico y una ausencia de vigilancia sanitaria. Esta propuesta busca que el Estado retome la rectoría para garantizar el derecho a una despedida digna”, subrayó.
Asimismo, advirtió que la falta de una autoridad responsable y de reglas claras ha generado problemas de seguridad y salud pública, ya que más del 60% de los cementerios en zonas metropolitanas están en manos de particulares y carecen de supervisión estricta.
La legisladora alertó que esta situación facilita prácticas irregulares, como cremaciones clandestinas o el ocultamiento de cadáveres vinculados a hechos ilícitos, al no existir la obligación de rendir cuentas sobre los servicios prestados, por lo que consideró urgente avanzar en esta reforma constitucional.
