Redacción/Grupo Cantón
La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó el inicio de juicio político contra el gobernador Samuel García Sepúlveda por presuntos actos de corrupción.
Nuevo León.- La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó el inicio de un juicio político contra el gobernador Samuel García Sepúlveda por presuntos actos de corrupción y la supuesta triangulación de casi mil millones de pesos hacia empresas relacionadas con el mandatario estatal.
Durante una sesión de la comisión, seis legisladores de las bancadas del PRI, PAN y una integrante de Morena votaron a favor de que la solicitud pase al pleno del Congreso, mientras que un diputado de Movimiento Ciudadano votó en contra. Asimismo, se otorgó al gobernador un plazo de 15 días hábiles, que vence el 23 de junio, para rendir su declaración de manera presencial, por escrito o a través de un abogado.
La solicitud de juicio político fue presentada el pasado 8 de junio por la dirigente estatal de Morena, Anabel del Roble Alcocer, junto con representantes y aspirantes a la gubernatura por ese partido, basándose en evidencia periodística.
De acuerdo con el procedimiento establecido por la ley, la Comisión Anticorrupción prevé que el caso llegue al pleno del Congreso en agosto, donde se determinará la procedencia definitiva. Para ello, se requerirán al menos 28 votos de los 42 diputados locales. Posteriormente, se notificará al Tribunal Superior de Justicia para la evaluación correspondiente.
Esta es la cuarta solicitud de juicio político promovida por el Congreso estatal contra Samuel García. La primera se registró en 2022 por no presentar en tiempo el Paquete Fiscal 2023. El caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que determinó que el procedimiento era válido, aunque estableció que el Poder Legislativo no tiene facultades para destituir al gobernador.
La segunda petición se presentó en 2023 por la falta de publicación de decretos, reformas e iniciativas aprobadas por el Congreso. La controversia también llegó a la SCJN, que invalidó la publicación de los decretos 340, 341 y 342 realizada por el Legislativo en su propia Gaceta, al considerar que invadía facultades exclusivas del Ejecutivo estatal.
En 2024 se promovió una tercera solicitud, relacionada con presuntas irregularidades durante las elecciones de la alcaldía de Monterrey. En ese entonces, se acusó al mandatario de intervenir en el proceso electoral mediante el uso indebido de recursos públicos y de vulnerar los principios de imparcialidad al promover a su esposa, Mariana Rodríguez, así como a diversos candidatos de Movimiento Ciudadano.
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