Redacción/Grupo Cantón
El Gobierno de México rechazó el informe del CED por considerarlo sesgado y destacó reformas y avances en la atención de desapariciones forzadas.
Ciudad de México.- El Gobierno de México calificó como parcial y sesgado el informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED), al señalar que omite avances recientes y reformas legales implementadas para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas.
Si bien el informe se refiere principalmente a hechos ocurridos en el periodo 2009-2017 —durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto— y se circunscribe a cuatro estados, la decisión del Comité es parcial y sesgada. Omite considerar los esfuerzos institucionales presentados el pasado 27 de marzo, y lamentamos que haya rechazado analizar la información actualizada proporcionada por el Estado mexicano antes de publicar su resolución.
El propio Comité reconoce, en los párrafos 117 y 118 de su decisión, que no existen indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil, ya sea por acción u omisión. Dichos señalamientos reflejan la situación actual del país, distinta a la de periodos anteriores.
Es de resaltar la falta de rigor jurídico en la argumentación del CED, así como la ligereza de sus premisas, incluyendo su interpretación del vínculo con el Estatuto de Roma, agravada por posibles conflictos de interés de algunos de sus integrantes. En específico, existe evidencia de que al menos uno de ellos trabajó para organizaciones que han presentado quejas en contra del Estado mexicano.
El Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas. Además, se destaca que en esta administración se ha emprendido una reforma legislativa e institucional, en coordinación con colectivos de familiares, para atender este flagelo.
Como resultado de un proceso de diálogo y con la participación de las familias, en julio de 2025 se aprobaron reformas sustanciales a la ley, incluyendo herramientas y obligaciones que el CED no consideró debidamente:
- La Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
- La obligación de abrir carpeta de investigación desde el primer reporte.
- La Base Nacional de Carpetas de Investigación.
- La Plataforma Única de Identidad.
- La obligación de contar con fiscalías especializadas estatales.
- El fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses.
- El robustecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda con especialistas y equipo.
- La obligación de registros oficiales con datos mínimos de identificación.
- La coordinación garantizada entre comisiones de búsqueda, fiscalías estatales y la FGR.
- La incorporación de las comisiones de víctimas al Sistema Nacional de Búsqueda.
Como ha reconocido el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, México mantiene una política de cooperación constante con los sistemas internacionales y regionales, lo cual ha sido valorado por diversas agencias.
México está abierto a la cooperación técnica internacional, pero no a partir de premisas que no reflejan su realidad actual.
Se reafirma el compromiso absoluto del Gobierno con la erradicación de las desapariciones forzadas, el fortalecimiento de la búsqueda e identificación, así como la garantía de verdad y justicia para las víctimas y sus familias, como parte central de la transformación nacional.
La legalidad, veracidad y calidad de la información es estricta responsabilidad de la dependencia, entidad o empresa productiva del Estado que la proporcionó, en virtud de sus atribuciones y/o facultades normativas.
Únete a nuestro canal de noticias por WhatsApp:
https://chat.whatsapp.com/J8gzrPrDUN99uHdiSvRrcO
