Redacción/Grupo Cantón
La instalación de una planta de amoniaco en la Bahía de Ohuira, Sinaloa, mantiene un intenso debate entre el desarrollo industrial y la protección ambiental, mientras comunidades indígenas, pescadores y organizaciones ambientalistas advierten posibles afectaciones al ecosistema.
Sinaloa.- El caso de la planta de amoniaco en Topolobampo, Sinaloa, se ha convertido en uno de los conflictos socioambientales más relevantes de México, al enfrentar posturas sobre desarrollo industrial, protección ambiental y derechos de los pueblos indígenas.
La controversia gira en torno al proyecto impulsado por Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), que busca instalar una planta para la producción de amoniaco en la Bahía de Ohuira, una zona considerada de alta importancia ecológica.
La Bahía de Ohuira forma parte del sistema lagunar de Topolobampo, un ecosistema costero prioritario y reconocido como sitio Ramsar, es decir, un humedal de importancia internacional.
Organizaciones ambientalistas y habitantes de la región han advertido sobre los posibles riesgos de contaminación del agua y las afectaciones a la biodiversidad marina, debido a la operación de la planta y al manejo de sustancias químicas.
Integrantes del pueblo Mayo-Yoreme han denunciado que no se respetó plenamente su derecho a una consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada, como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para proyectos que puedan impactar territorios indígenas.
Por ello, diversas comunidades han promovido recursos legales y amparos para frenar el avance del proyecto.
Uno de los principales sectores que se oponen a la planta son los pescadores de la región, quienes consideran que una posible contaminación podría afectar las poblaciones de peces y mariscos, poniendo en riesgo la principal fuente de ingresos de cientos de familias.
La postura de la empresa GPO
Gas y Petroquímica de Occidente sostiene que el proyecto cumple con las normas técnicas y ambientales establecidas por las autoridades.
Además, argumenta que la planta generará empleos, impulsará la economía regional y permitirá fortalecer la producción nacional de fertilizantes, reduciendo la dependencia de importaciones.
La reciente denuncia popular presentada ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y las observaciones emitidas por organismos internacionales de la ONU durante 2025 evidencian que el proyecto continúa bajo un intenso escrutinio legal, ambiental y político.
El caso Topolobampo representa el choque entre dos visiones: quienes consideran que la inversión industrial es necesaria para detonar el crecimiento económico y quienes defienden la conservación de los ecosistemas y los derechos de las comunidades originarias.
Mientras continúan los procesos legales y las revisiones ambientales, el futuro de la planta de amoniaco en la Bahía de Ohuira sigue siendo motivo de debate en México.
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