Redacción / Grupo Cantón
El exgobernador de Quintana Roo salió del penal federal de Morelos y continuará bajo prisión domiciliaria mientras enfrenta el proceso por presunto lavado de dinero.
Cancún.— El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, abandonó el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) de Morelos, donde permaneció recluido durante casi nueve años, para continuar en prisión domiciliaria el proceso penal que aún enfrenta por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).
El traslado se realizó luego de que una jueza federal ordenara hacer efectiva la medida cautelar que ya había sido autorizada anteriormente. Como parte de las condiciones impuestas por la autoridad judicial, al exmandatario se le colocó un brazalete electrónico y deberá permanecer bajo vigilancia en un domicilio ubicado en el Estado de México, además de cumplir con diversas restricciones mientras continúa el proceso.
¿Por qué salió de prisión?
La salida de Borge ocurre después de que un tribunal federal lo absolviera del delito de delincuencia organizada, al determinar que la Fiscalía General de la República (FGR) no logró acreditar que encabezara una red criminal relacionada con la venta de 18 predios del patrimonio estatal a precios presuntamente inferiores a su valor comercial.
Aunque esa resolución eliminó el principal obstáculo para abandonar el penal, el exgobernador no quedó en libertad, ya que continúa sujeto al proceso federal por lavado de dinero, el cual ahora enfrentará desde prisión domiciliaria.
El contexto
Roberto Borge gobernó Quintana Roo de 2011 a 2016. Fue detenido en Panamá en junio de 2017 cuando intentaba abordar un vuelo con destino a Francia y, meses después, fue extraditado a México para enfrentar diversos procesos relacionados con presuntos actos de corrupción cometidos durante su administración.
Las investigaciones en su contra incluyen la presunta venta irregular de terrenos propiedad del estado a familiares, amigos y particulares por debajo de su valor comercial, además de operaciones financieras que la FGR considera constitutivas de lavado de dinero. Si bien ya fue absuelto del cargo de delincuencia organizada, el procedimiento por operaciones con recursos de procedencia ilícita sigue vigente y será el que determine su situación jurídica definitiva.
