La orden ejecutiva se produjo en momentos en que una caravana con miles de migrantes, en su mayoría hondureños, avanza a través de México hacia Estados Unidos.
Unos 3.500 centroamericanos de la caravana ya arribaron a Tijuana, contigua a la estadounidense San Diego, y se espera que otros 3.000 lleguen a partir de este martes.
“Irreconciliable conflicto”
El juez Tigar indicó que la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) de 1965 establece que cualquier extranjero que llegue a Estados Unidos, “sea o no a través de un puerto de ingreso”, puede pedir asilo.
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El decreto “que prohíbe dar asilo a los inmigrantes que ingresen al país eludiendo un puerto de ingreso está en irreconciliable conflicto con la INA y la expresa intención del Congreso”, versa el fallo de Tigar.
“Cualquiera sea la amplitud de la autoridad presidencial, no puede reescribir las leyes de inmigración para imponer una condición que el Congreso prohibió en forma expresa”, agregó.
El bloqueo impuesto por el juez permanecerá vigente hasta que la corte decida sobre el caso.
El gobierno de Trump ha argumentado que tiene el poder exclusivo de frenar la inmigración en aras de la seguridad nacional, un poder que invocó justo después de ser investido en 2017 con una polémica prohibición de ingresar a Estados unidos a ciudadanos de varios países.
La última versión de esta orden fue ratificada por la Corte Suprema el pasado 26 de junio, después de una larga batalla legal.
Cuando el departamento de Seguridad Interior anunció la nueva política el 8 de noviembre, un alto funcionario del gobierno dijo que respondía al “abuso histórico inigualable de nuestro sistema de inmigración” en la frontera con México.
Atender pedidos “creíbles”
Funcionarios del gobierno afirman que cualquiera que logre ingresar al país puede pedir asilo y que luego a menudo desaparecen mientras su caso ingresa al sistema judicial.
“La gran mayoría de estas solicitudes terminan careciendo de mérito”, dijo un alto funcionario que pidió no ser identificado.
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Menos de 10% de los casos resultan en un otorgamiento del asilo, afirma el gobierno.
Activistas por los derechos humanos y otros críticos de la política de Trump afirman que al restringir los pedidos de asilo a los puertos de entrada al país -que ya se encuentran bajo una fuerte presión- la administración está de hecho cerrando la puerta a personas que auténticamente estén huyendo de sus países para salvar sus vidas.
“El gobierno no puede abdicar de su responsabilidad hacia los migrantes que huyen del daño”, señaló la Coalición de Inmigración de Nueva York.
Pero el citado funcionario argumentó que “lo que estamos tratando de hacer es canalizar” los pedidos “creíbles” de asilo “a través de los puertos de ingreso, donde tenemos mejores recursos”.
De esa manera, agregó, los tribunales “atenderán esos pedidos en forma expeditiva y eficiente, de manera que aquellos que de hecho necesitan una protección de asilo obtengan esa protección”.
En 2018, las patrullas fronterizas registraron más de 400.000 migrantes ilegales, indicó el Departamento de Seguridad Interior. Y en los últimos cinco años, el número de pedidos de asilo aumento 2.000%, agregó.
