POR PABLO GUTIÉRREZ LAGUNA
El Paquete Económico para el 2022 que entregó la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico (SHCP) al Congreso de la Unión, contempla el regreso del dictamen fiscal de estados financieros, tanto en forma voluntaria como en forma obligatoria.
La propuesta contempla la modificación a los artículos 32-A, 32-H del Código Fiscal de la Federación, 4 primer párrafo y 42 tercer párrafo, 76 fracción XIX de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Cabe mencionar que en la propuesta de modificación establece que el profesionista que dictamine ya no se le mencione como contador publico registrado, sino contador público inscrito; así como establece una excepción a la orden de la revisión secuencial.
Esta propuesta fue muy bien recibida por la comunidad de contadores públicos y por los contribuyentes, toda vez que esta figura representa una herramienta muy valiosa para los pagadores de impuestos; así como un medio indirecto de fiscalización para las autoridades fiscales.
Para los contribuyentes el hecho de que sus estados financieros y su situación fiscal la revise un contador público inscrito les representa una gran tranquilidad, toda vez que al ser un externo e inscrito ante las autoridades fiscales, emitirá una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros, así como un informe sobre la revisión de la situación fiscal.
Cabe recordar que en la reforma fiscal que entró en vigor en 2014 se eliminó la obligatoriedad del dictamen fiscal, quedando en forma opcional y únicamente para los contribuyentes con ingresos superiores en el año anterior a 122,814,830, que el valor de su activo sea superior a 97,023,720 y que por lo menos trescientos trabajadores le hayan prestado sus servicios en cada uno de los meses del año anterior.
Sin duda que la propuesta en el sentido de que regrese el dictamen fiscal es muy positiva, toda vez que representa varios aspectos, por ejemplo: un reconocimiento al trabajo del contador publico independiente que emite una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros y de la situación fiscal, basado en la Normas y Procedimientos de Auditoría, en las Normas de Información Financiera, las disposiciones fiscales aplicables, así como en su capacidad humana, profesional y técnica. Para la autoridad representa una herramienta de fiscalización indirecta, con la que obtendría una importante recaudación, sin invertir ningún solo peso. Y por supuesto, para el contribuyente la tranquilidad de que su situación contable, financiera y fiscal están cumpliendo con las disposiciones aplicables.