La tragedia de la familia Ocaña es la misma de cientos de mexicanos que a diario pierden violenta y abruptamente a un ser querido. Pero cuando se trata de la posibilidad de que los verdugos sean policías, alcanza a toda la población.
México no tiene guardianes confiables ni eficientes, y de repente, ni siquiera son ajenos a sus desgracias. Octavio Ocaña hubiera cumplido ayer 23 años.
Uniformados lo persiguieron por no detener el vehículo, haciéndolo chocar.
Según la autoridad, se mató con su propia arma por accidente. La “esclava” de oro de “Benito” de la serie Vecinos desapareció (se le ve en el video donde agoniza).
Patrulleros son responsabilizados por la familia tanto del robo como de su muerte.
Montañas y montañas de dinero en plazas, sueldos, equipos, instalaciones y “capacitación” de los policías, y no tenemos seguridad. Ellos no muestran respeto por la población, ni temor por las instituciones o por los castigos con que sus superiores los amenazan. Apenas el 3 de este mes, el presidente Obrador ordenó poner a disposición del MP a los integrantes de la Guardia Nacional que en Chiapas dispararon contra migrantes. Asesinos, violadores, secuestradores, ladrones, cómplices, escudados descaradamente tras el arma y la chapa. Como jefe de la policía de la CDMX, Arturo Durazo tenía definida una línea de acción a la que se apegó religiosamente: ningún delito de policías contra la gente sería tolerado. Creó al interior de la corporación una instancia que investigaba las denuncias populares, y sancionaba -de verdad- a los polis abusivos. Hoy, el poder civil se conforma con los ínfimos resultados que los custodios dan a la ciudadanía, y encubre a los que se convierten en sus enemigos. Olvidan que quienes pagan las quincenas de los burócratas son los mexicanos con sus impuestos. José López Portillo echó en cara a la prensa que no le pagaba para que le pegara. Tampoco los contribuyentes pagamos a los policías para que nos maten.
