La falta de planeación, prevención, visión y capacidad de reacción de las autoridades ante la contingencia sanitaria que ha colapsado la industria turística y la economía del estado, ha dado lugar a la implementación de medidas de contención y restricciones que atentan contra los derechos humanos de la comunidad.
El súbito aumento de contagios y muertes que ha causado el letal coronavirus que revienta los pulmones de los infectados en tiempo récord, ha obligado a las autoridades estatales a buscar acciones para tratar de mitigar la ola de contagios y muertes, que ha puesto a Cancún y Quintana Roo como uno los epicentros del Covid-19 a nivel nacional.
A pesar de que el virus avanza inexorable desde Cancún y de norte a sur de la entidad, el aeropuerto de Cancún, considerado un “foco rojo” continúa recibiendo vuelos nacionales e internacionales, por lo que de manera irresponsable la puerta de entrada continúa abierta al coronavirus.
Lo primero que hicieron los países europeos, ante el embate de la pandemia, fue cerrar sus fronteras y cancelar vuelos, aquí en Cancún, la terminal aérea sigue abierta, como una “coladera” al paso del virus, mientras en el destino permanecen aún cerca de 9 mil visitantes nacionales y extranjeros, según reportes de la propia Sedetur.
Se insiste en obligar a los ciudadanos a permanecer en casa y se endurecen las medidas de restricción, pero prioridades como el aeropuerto siguen sin control y algunos hoteles venden paquetes turísticos para pasar la cuarentena. Cancún y Quintana Roo, puerta de entrada a millones de turistas, enfrentan la pandemia, sin capacidad hospitalaria, sin insumos y equipos adecuados para revertir o atenuar los contagios y prevalece la desinformación.
El hambre y desempleo, obliga a la gente a salir a las calles, a otros a regresar a su lugar de origen y a muchos a resentir las consecuencias de una preocupante crisis alimentaria. La realidad supera la ficción, el virus ya golpea a miles de familias que padecen hambre, falta de ingresos, dolor, luto y desamparo, como la familia Wayner Flores Trinidad, elemento de la policía turística que dejó en el desamparo a su esposa y tres hijos tras 14 años de servir a dicha corporación.
MEDIDAS DE CONTENCIÓN
Como parte de la tardía reacción a las medidas de contención de contagios, la Secretaría de Seguridad Pública, al mando de Jesús Alberto Capella Ibarra, se ha querido robar el show, mediante la implementación de diversas estrategias que limiten la libertad de tránsito de los ciudadanos tras el llamado a quedarse en casa.
El cierre de calles y avenidas, el uso de drones, videoclips musicales de sus propios policías y la exigencia de un tarjetón vehicular para circular, son algunas de las disposiciones que ha asumido esta corporación bajo amenaza a los ciudadanos.
Arresto a quien no usen cubrebocas o mascarilla en las calles, cierre de negocios no esenciales y limitación de licencias vehiculares, son otras de las disposiciones a las que ha recurrido la Secretaría de Seguridad Pública, dejando de lado su tarea principal de combate a la delincuencia y a la inseguridad.
Aunque la emergencia sanitaria lo requiere, estas medidas por parte de la policía estatal han resultado grotescas, irracionales y a veces ridículas, por falta de un plan o estrategia consensuada, que hace que prevalezca el abuso y se violenten los derechos de los ciudadanos. Ante estos atropellos por parte del Estado, en su desesperación por compensar su tardía reacción y tratar de controlar la ola de contagios y muertes, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), deja en claro que aun en los casos más extremos de suspensión de derechos, la autoridad debe respetar la legalidad, la proporcionalidad y la temporalidad de sus medidas para evitar sean utilizadas de manera ilegal, abusiva y desproporcionada.
De acuerdo con la CIDH, las medidas de contención, deben garantizar igualdad, no discriminación y rendición de cuentas. No se trata de restringir con autoritarismo y amenazas, se debe respetar el derecho a la propiedad privada, la inviolabilidad del domicilio, la libertad personal, el acceso a la información y la libertad de expresión.
El Estado debe garantizar el derecho a la salud, a la vida y a la integridad de las personas y en ese mismo orden respetar y garantizar los derechos humanos en el marco de las actividades empresarial, evitando así los cierres ilegales. Incluso, a los propios policías, que por cierto están cayendo en cumplimiento de su deber, el estado debe garantizarles su protección contra los riesgos inherentes a su actividad ante el latente contagio del virus, que ya dejó muerte y una ola de contagios en la corporación de Quintana Roo
