Fue de 300 millones de pesos el costo de la inversión adicional tendiente a fortalecer la promoción turística de Quintana Roo dentro y fuera de nuestro país; hemos de cerrar el año con una inversión total de 700 millones de pesos y ello tiene relación directa con la participación de todas las marcas que promueve el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo en ferias nacionales e internacionales.
Definitivamente no se trata de “una fórmula”, de una estrategia que requiera mostrar o no efectividad; es evidente que en cada participación de Quintana Roo en las ferias más importantes del mundo, comenzando con la FITUR, el reporte de logros siempre ha representado resultados importantes para la captación de turismo para todas las marcas quintanarroenses; pero de todo esto, vale la pena la pregunta: si la federación no sólo ha puesto en duda la estrategia de la promoción, sino que además ha cancelado su participación en el financiamiento de los trabajos de cada estado, ¿estaría obligada la administración estatal a promover, a la par de sus propias marcas la marca comercial “México”?
Y no se trata de alguna falta de patriotismo o de respeto a la Federación, no tiene que ver con filia o animadversión con la figura del presidente de la República, se trata, sencillamente, de una sugerencia en los márgenes de la congruencia: “si me niegas, mal haría en salir a anteponer tus intereses a los propios, más aún cuando de la promoción depende en más del 80 por ciento la economía de mi territorio.
Y es que 80 millones de pesos que aportaba el gobierno federal a Quintana Roo para el ejercicio de promoción, si bien no representan apenas el 11.42 por ciento del total que ahora ha logrado invertir Quintana Roo, el rechazo a una de las actividades que para una entidad dedicada a la explotación de su capacidad turística, la cual además es reconocida en el mundo entero, no sólo por la belleza de sus destinos turísticos, sino por la calidad y calidez de sus anfitriones, los trabajadores hoteleros y demás prestadores de servicios.
Muchos han sido los cuestionamientos, históricamente sobre “quién hace el favor a quién”, respecto de la intención permanente y durante las anteriores administraciones de no permitir que Quintana Roo contase con su propio están en las más importantes ferias internacionales de turismo; siempre fue condición sine qua non que formara parte de las instalaciones de la marca “México”, a fin de que, los hombres de negocios de la “industria sin chimeneas” que llegaran a buscar hacer negocios con las marcas quintanarroenses pudieran ser al mismo tiempo abordado por la marca México o alguna otra vinculada a ella.
El liderazgo de las marcas quintanarroenses son el resultado de muchos años de arduo trabajo en relación, no sólo a la promoción, sino a la profesionalización del servicio de excelencia que se brinda cada uno de los visitantes que llegan a éste, el estado más joven de la República Mexicana.
EL HARTAZGO QUE PUDIERA LLEGAR
El tema con la administración pública federal es que, al negar o minimizar un problema que, evidentemente desconoce, ignora o soslaya para su mayor comodidad, afrenta, y hasta ofende, no sólo a la administración local, sea ésta la estatal o municipal, sino a los propios ciudadanos quienes confían en que sus autoridades trabajarán en la solución de sus más severos problemas, pero resulta que se encuentran con respuestas como: “ni es todos los días, ni en todos los destinos”, claro, al referirse al tema del sargazo; o “la promoción turística fue motivo de actos de corrupción de desvíos millonarios, por eso lo cancelamos” y de todo ello, qué responsabilidad tendría principalmente Quintana Roo quien aún no ha logrado diversificar la generación de riquezas en el estado.
Desde el año 2016, la actual administración no sólo ha tenido que cargar a cuestas con todos los excesos que representaron las anteriores administraciones las cuales dilapidaron al erario público, malbarataron el territorio estatal, empoderaron a la delincuencia organizada y por si lo anterior fuera poco, acabaron con las esperanzas de trabajar en la diversificación de la economía a través de fortalecer la producción de alimentos y demás productos del campo en la región y maya del estado.
Una labor que si bien se ha trabajado en resolver, ha sido una situación que avanza a paso lento debido al dispendio anterior, pero que avanza y que no obstante, se complica terriblemente por que el tema de la prestación de servicios, en los últimos años también se ha complicado con el recale de sargazo, la erosión de las playas y el tema de la violencia generada directamente por grupos fieles a Roberto Borge y otros ex funcionarios públicos.
Ante este complicadísimo panorama, lo que faltaba, la administración federal determina minimizar los problemas, en todo caso soslayarlos y hasta abandonar prácticas que en todo momento le han generado buenos resultados al estado.
Lo que no se puede dejar de lado es la partición del estado en la economía nacional con casi el 40 por ciento del total de las divisas que capta el país por concepto de turismo, es decir, 50 mil millones de dólares al año, monto que desde luego pudiera disminuir, pero en un caso extremo: ¿y si a la federación le deja de ser fundamental la captación de divisas por concepto de turismo por ocuparle más lo que recibe por concepto de transferencias de paisanos o por la sobre-explotación de petróleo?; ¿qué pasaría con el estado de Quintana Roo y los problemas graves que tienen que ver con la erosión de playas, recale masivo de sargazo, enfermedades del arrecife de coral, entre otros que nos resultan fundamentales y además, falta de promoción turística?; la pregunta fundamental es, ¿qué hacer cuando las prioridades de un estado y de la federación son tan dispares que en ningún punto se concilian? ¿Cuál es la prioridad cuando el bienestar de 1.6 millones de quintanarroenses está en riesgo, lo mismo que las inversiones millonarias de quienes han puesto su confianza y recursos en el estado?
Buongiorno.
