He aquí navegando en las agitadas aguas del transporte público y privado, a propósito de la iniciativa de Ley de Movilidad para Quintana Roo que sustancialmente propone la creación de un Instituto en la materia, que entre sus facultades tendrá el desarrollo de proyectos, planes y políticas de movilidad en la entidad. Lo que ha causado inconformidad en el pulpo de los Sindicatos de Taxistas, y una firme postura de la plataforma digital Uber quien podría incluso retirarse de la plaza.
Primero hay que destacar que la Iniciativa que se revisa en el Congreso del Estado, propone como principal objetivo “reordenar, modernizar y generar un marco legal actualizado donde se priorice al peatón, al ciclista, después al automovilista”, como ya sucede en grandes ciudades como Guadalajara, de donde se rumora se importó el modelo.
También se trata de “impulsar principios para el reordenamiento vial, la planeación de nuevas vías de comunicación, la proyección de rutas alternativas entre las comunidades y se tendrá como principio básico el derecho a la movilidad como un derecho humano”, “garantizando la inclusión efectiva de personas con discapacidad y/o movilidad limitada, así como grupos en situación de vulnerabilidad”.
Al tiempo que “se precisen las condiciones y requerimientos para contar con sistemas de transporte público y privado regulados, vigilados, y en caso de ser necesario, eliminados de no cumplir con los requisitos legales para ofrecer un servicio eficiente, legal y seguro para la ciudadanía”, acota el planteamiento y justificación de la Iniciativa de Ley de Movilidad.
Con la creación de esta Ley de Movilidad, se abrogaría la Ley de Tránsito, Transporte y Explotación de Vías y Carreteras. Asimismo, se destaca que en particular, en relación al servicio de plataformas digitales como Uber, se fundamenta en los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 63/2016 en la que se detallan los criterios para la existencia de estos servicios.
Marea Roja
Tras las protestas de rigor, el pulpo de los Sindicatos de Taxistas a través del Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV) que encabeza el cuestionado dirigente Eduardo Peniche Rodríguez (“el Wato”), en encuentro a puerta cerrada con la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Décima Legislatura que preside Fernando Zelaya, ipso facto presionaron para que el gobierno genere una plataforma digital pero con todos los concesionarios de taxistas. Es decir, la idea es consolidar su monopolio.
Y la plataforma internacional Uber, a través de su Gerente General para México y el Caribe, Federico Ranero, en conferencia de prensa fijó su postura con el respaldo del dirigente de la Coparmex de Cancún, Adrián López Sánchez, y el Consejo Coordinador Empresarial del Caribe que dirige Eloy Peniche Ruiz; afirmó que “no se puede permitir que no exista la libre competencia en el transporte en el estado”, y advirtió que la Ley de Movilidad que se propone “tiene muchos trámites y poca claridad”. También se reunió en privado con la Comisión de Comunicaciones y Transportes.
El empresario llamó al gobernador Carlos Joaquín González para que se haga una regulación “incluyente y moderna”, de lo contrario nos veríamos obligados a suspender nuestras operaciones en Quintana Roo”. De sus razones: “Forma de pago del servicio, costo de los automóviles y su antigüedad, y la cantidad de conductores que puede tener cada vehículo”.
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