En todos los foros hay señalamientos, muy duros, sobre la utilización del gobierno federal de las instancias de justicia en temas electorales. El más reciente escándalo se relaciona con el candidato presidencial Ricardo Anaya.
La PGR está en manos de un encargado de despacho, lo que aumenta la percepción de desconfianza. El compromiso es menor, definitivo.
De cara a los recientes eventos relacionados con explosivos, la investigación ha estado en distintas manos, con el consecuente desgaste y un aumento en la lentitud para alcanzar resultados.
Correspondió, en los tres casos de explosivos, tanto el que se encontró flotando en el mar, como el que explotó (esto según nos hizo saber el gobierno norteamericano) en un barco, como los dos que fueron hallados en otra embarcación, a la Marina-Armada de México ser la primera autoridad en presentarse.
Fueron marinos quienes detonaron, y/o desarmaron estos artefactos. A continuación, nos enteramos días después, la investigación quedó en manos de la Sedena. Y en algún momento, entre ambas instituciones, la PGR inició su investigación.
Todas estas instancias no han entregado pruebas ni compartido evidencias, según se ha quejado en entrevistas, con el Fiscal Miguel Ángel Pech.
Todas estas instancias no han dado a conocer resultados. No nos han informado si en realidad eran “bombas”, qué tipo de explosivos había, si son profesionales, si pudieron hacer mayor daño… si están inmersas en un tema de terrorismo internacional o no.
Mientras no nos entregan resultados, ni comparten su investigación con las autoridades locales, el gobierno norteamericano ha comunicado alertas y prohibiciones a los viajeros. Con el consecuente daño a la economía local.
No es el único daño de no llegar a conclusiones, de no terminar con las investigaciones, sino también ha comenzado a incursionar este tema en asuntos políticos locales, como la publicación de Reforma el sábado pasado.
¿A quién beneficia esto?
Es interesante recordar las últimas declaraciones de Miguel Ángel Osorio Chong, en materia de seguridad, siendo todavía titular de la Secretaría de Gobernación, donde señalaba directamente que los problemas de violencia, crímenes y demás estaban relacionados con el cambio de gobierno, sobre todo en los Estados donde habría llegado la oposición a gobernar.
A veces se vale ser mal pensados.
El ruido político alrededor de los artefactos explosivos y el retraso en conclusiones de investigaciones federales, conllevan un precio político para el gobierno que encabeza Carlos Joaquín. ¿Hay inocencia en esto? ¿Se trata de especulaciones y lecturas políticas equivocadas?
Lo cierto es que cada día que no haya información sobre el tema, que además permita iniciar la persecución y consecuente aprehensión de los responsables, se debe apuntar en negativos para el gobierno de Quintana Roo…
