POR LENIN AMARO BETANCOURT
El trabajo legislativo en Quintana Roo ha perdido su verdadera esencia que es, legislar todo aquello que no sea de atribución federal, velando siempre por el beneficio de los quintanarroenses, claro, además del resto de atribuciones como aprobar el presupuesto anual del estado y fiscalizar el uso del erario público, entre otras.
Es el Congreso del estado quien llama a cuentas a los funcionarios de la administración pública, quien toma protesta al gobernador, debido a su carácter de representación popular, es decir, lo que hace, es en representación de la ciudadanía y no como ahora sucede, en atención a los intereses muy particulares de cada uno de ellos, o de los partidos que los postularon.
Si bien es cierto que la reforma constitucional al artículo 57 de nuestra Carta Magna habilita la posibilidad de que los Congresos estatales legislen la posibilidad de la reelección, es decisión de cada uno permitirlo o no, pero sobre todo, requiere del respaldo de los ciudadanos; ¿por qué no consultarnos?, es evidente, porque saben la respuesta.
Y lo saben porque, nuestro movimiento, convocó a más de 150 organizaciones ciudadanas de todo tipo; hoy los ciudadanos han ganado y están dejando un precedente al organizarse a lo largo y a lo ancho del estado movimiento en el que participan asociaciones civiles empresariales, ong’s, dignatarios mayas sin distingos políticos o partidistas, con un solo objetivo, lograr un mejor Quintana Roo combatiendo una iniciativa para ampliar hasta por 12 años la permanencia de los diputados en el Congreso.
Es decir, dos reelecciones adicionales a la ya aprobada por un periodo en 2015 con el objetivo de reformar el artículo 57 de la constitución de Quintana Roo.
La iniciativa fue firmada por 21 diputados de 25 con que cuenta el Congreso del estado, puede ser legal el intento de reforma electoral, pero es a todas luces inmoral.
En dicha iniciativa menciona que la reforma generaría “profesionalización de los diputados”, si fuese el caso, los partidos políticos que los eligen deberían de llevarlos a la “escuelita” para capacitarlos, desde luego, con cargo a sus prerrogativas que son ya de por si son onerosos.
Se dijo que se lograría una mayor cercanía con la gente; nada más fuera de la realidad, si no cumplen con lo que ofrecen en sus campañas políticas desde el primer periodo mucho menos lo harán en 12 años.
Hablan de “mayor transparencia en el uso de los recursos”, lo cual es una demanda de los ciudadanos desde hace muchos años, pero tampoco lo cumplen, un Congreso con un presupuesto de 500 millones de pesos que además es poco productivo y transparente, es un lujo que los ciudadanos no nos podemos permitir.
