La abrogación de la Ley estatal para la Protección de los Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos, conocida como Ley Borge, ha traído a la mesa una nueva discusión: ¿realmente quedan desamparados los comunicadores y comunicadoras quintanarroenses al no contar con una ley estatal? ¿O es mejor contar solamente con el Mecanismo Federal y mantener una coordinación adecuada con el enlace estatal?
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En su pasada vista el Relator de la ONU, David Kaye y su homólogo Relator de CIDH, Edison Lanza, ambos especialistas en libertad de expresión, en el documento que emitieron con sus observaciones preliminares en su punto #26 mencionan: “… los mecanismos locales no ofrecen una solución adecuada a los problemas de protección, dado que la inseguridad para casi todos los periodistas se genera a nivel local.
Aunque respetamos la motivación para crear estas instituciones, la prioridad debe ser reforzar el papel del Mecanismo Federal, no solo para asegurar una coordinación efectiva sino para proporcionarles la capacidad de operar de manera local de manera sostenible.”
En otras palabras no es necesaria una Ley Estatal sino una eficiente coordinación entre el Enlace Estatal y el Mecanismo Federal.
La abrogación de la Ley Borge es congruente con estas opiniones de estos dos grandes expertos en la materia, pero el desconocimiento local sobre el tema permite muchas especulaciones.
Bien asesorado y dando los pasos correctos, cualquier comunicador víctima de una agresión puede acceder a los beneficios del Mecanismo Federal de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, que está conformado por una Junta de Gobierno que se encarga de analizar los caos y brindar la protección, así como analizar los apoyos que se ofrecen y darle seguimiento a los casos.
La junta de Gobierno Federal está conformada por varias dependencias federales, entre ellas la Secretaría de Gobernación (a través del Mecanismo Federal), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Policía Federal, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Derechos Humanos y ONG´s de mucho peso social, entre otras.
Cada una de ellas aporta según sus atribuciones elementos para garantizar la protección.
En el caso específicamente de la CEAV, una vez acreditado el carácter de víctima, mismo que puede derivar de la denuncia ante la Procuraduría General de la República, tu queja ante Derechos Humanos o en su caso ante la misma CEAV, se pude acceder a los fondos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Entre los apoyos que se pueden generar están: apoyo médico de cualquier índole, psicológico y/o psiquiátrico, traslados en diligencias según lo específica la ley de víctimas, apoyo en alimentos, vivienda, gastos fúnebres, asesoría legal y/o defensa legal, entre muchos otros.
Dentro de la misma CEAV existe un fondo especial para los periodistas y defensores de derechos humanos.
Los argumentos vertidos en días pasados sobre la supuesta desprotección a mujeres periodistas carece de veracidad, tanto las mujeres como los hombres periodistas y defensores de derechos humanos tienen el derecho a la protección integral si han sido agredidos en el ejercicio de sus funciones.
Ahora, no hay que mezclar o confundir, para temas laborales existen las juntas de conciliación o la Procuraduría del Trabajo, de lo que se trata es de garantizar el ejercicio periodístico, la libertad de expresión y la defensa de derechos humanos y evitar que por ejercerlos perdamos la vida.
Mezclar los temas, lejos de ayudar, perjudica porque se desvirtúa la verdadera lucha y la razón de ser de la Ley Federal de Protección de los Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos.
Aclaro, no es que esté en contra de mejores condiciones de trabajo para el gremio periodístico, ¡al contrario! Pero si lo que se busca es pelear por mejores salarios y condiciones entonces el modelo a seguir sería un sindicato.
Sin duda el contar con garantías de protección para el ejercicio de la labor periodística en caso de ser víctimas de agresiones, hostigamientos, amenazas y ataques físicos, es de vital importancia, solo en el 2017 han sido 12 periodistas asesinados, alcanzando a Siria que es un país en guerra declarada.
