La mayoría de las Fiscalías estatales carecen de la autonomía necesaria para garantizar una correcta impartición de justicia.
Gran parte de los estados del país no han hecho las adecuaciones necesarias para implementar el nuevo sistema de justicia penal.
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Recordemos que como parte de la reforma penal, a partir del año pasado entró en vigor el nuevo sistema penal acusatorio, en el cual la investigación del delito está a cargo del fiscal del Ministerio Público.
El fiscal debe integrar en la Carpeta de Investigación los elementos de cargo y descargo que tenga a su alcance.
De acuerdo con una investigación del Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), hace falta un modelo homologado de investigación criminal.
De principio, identifica cómo en 15 de 33 dependencias locales encargadas de procurar justicia en el país, no se ha hecho ningún ajuste para transitar al modelo acusatorio y adversarial.
Los expertos señalan que las Fiscalías arrastran una serie de vicios del anterior sistema de justicia inquisitorio y no hay un modelo homologado de justicia.
Y es que no se trata solamente de cambiar el nombre de Procuraduría por el de Fiscalía, sino de hacer cambios sustantivos en la forma de operar; de entrada se requiere más personal para combatir el rezago de expedientes, y llevar justicia a quien lleva años esperándola.
A nivel de estados, Quintana Roo se encuentra entre las entidades que ya tienen una Fiscalía autónoma, junto a Aguascalientes, Nayarit, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Estado de México, Tabasco y Guerrero.
Entre los estados que tienen una Fiscalía con Autonomía Relativa se encuentran Morelos, Yucatán y Veracruz; mientras que las Fiscalías sin autonomía incluyen a Campeche, Chihuahua, Durango y Jalisco.
Por otra parte, Baja California, Baja California Sur, Nuevo León, Coahuila, Colima, San Luis Potosí, Ciudad de México, Sinaloa, Sonora, Guanajuato, Tamaulipas, Tlaxcala, Hidalgo, Michoacán y Zacatecas aún cuentan con la figura de la Procuraduría.
Además, son varios los estados donde es el gobernador quien sigue imponiendo al fiscal o procurador, lo que no permite una correcta impartición de justicia. En Morelos Javier Pérez Durón ocupa la Fiscalía a petición del gobernador Graco Ramírez.
En Yucatán, Ariel Aldecua Kuk fue propuesto fiscal, a petición del mandatario Rolando Zapata. En Veracruz, Jorge Winckler, además de ser fiscal de Veracruz, ha fungido como abogado del gobernador Miguel Ángel Yunes.
El fiscal Juan Manuel Herrera fue designado por el mandatario de Campeche, Alejandro Moreno. En Chihuahua, el fiscal César Peniche fue propuesto directamente por el gobernador Javier Corral.
Ruth Medina fue nombrada fiscal por decisión del gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, y en Jalisco, el anterior Fiscal, Eduardo Almaguer, propuesto por el gobernador Aristóteles Sandoval, ahora aspira a la gubernatura.
