Comienzan a aflorar los desvíos cometidos en el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS) durante la administración de Roberto Borge. Allí, otro felixista que sirvió también a Borge, Jorge Acevedo, encabezó otras de las redes de corrupción que el ex gobernador urdió en varias dependencias. En el caso específico del SQCS, mientras los trabajadores carecían hasta de hojas en blanco para sacar copias, en la dirección se gestaba un millonario desvío que sobrepasa los 800 millones de pesos, producto de convenios con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Los responsables directos de este saqueo al erario serían el ex director general del SQCS, Jorge Acevedo; el ex director general de administración, Gerardo Vázquez Handall y el ex director jurídico, Fabián Herrera. Los tres ya fueron entrevistados por la Auditoría estatal por el expediente que se integra por estos delitos, y tal vez muy pronto se ejerza un procedimiento judicial en su contra, pues los recursos recibidos no se utilizaron para la modernización tan necesaria del SQCS e, incluso, a la nueva administración apenas si le entregaron equipo técnico para llevar a cabo los programas.
Otro personaje que se inmiscuyó en la red de corrupción de Roberto Borge fue el ex rector de la Universidad Politécnica de Quintana Roo, José Luis Pech Galera. En su caso recibió 97 millones de pesos de la Sedatu para realizar un estudio sobre la construcción de cuartos en el norte de la entidad que nunca se realizó; entonces… ¿dónde están los 97 millones de pesos? Pues la Auditoría ha detectado que fueron transferidos a ocho empresas contratadas irregularmente, una de ellas propiedad del ex rector junto a una de sus empleadas, lo que comprueba que la Universidad Politécnica fue uno más de los organismos gubernamentales utilizados para el desvío de recursos. Por cierto, José Luis Pech Galera es hijo del actual líder estatal de Morena, el Dr. Pech, quien también fue rector, pero de la Universidad de Quintana Roo.
En otro tema relacionado con el ex gobernador Borge, este fin de semana, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes suspendió las actividades de Barcos Caribe, la naviera que nació bajo su patrocinio y que al acabar su mandato ha venido a pique. De acuerdo con las autoridades federales, la empresa no cuenta con seguros y documentos estatutarios vigentes.
En un documento dirigido a los representantes legales de la empresa, la Dirección General de Puertos y Marina Mercante destaca que en el caso de la embarcación Caribe III se detectó que se encuentran vencidos los permisos nacional de seguridad, nacional de francobordo y nacional de seguridad radioeléctrica.
Tampoco está vigente la póliza de seguro del viajero, que venció desde el mes pasado. La empresa deberá además esperar el peritaje sobre la explosión registrada en días pasados que dejó 24 personas heridas.
