“Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario”, es una máxima del derecho que garantiza la presunción de inocencia de todo ser humano.
Además de nuestra Constitución política hay instrumentos internacionales que salvaguardan el principio de presunción de inocencia, como: la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
De hech, el nuevo sistema de justicia penal se basa en esta premisa, que busca terminar con las injusticias que se cometían en el aspecto de que el señalado por un delito era culpable hasta que se demostrara lo contrario y se le detenía y encarcelaba desde el inicio de su proceso.
La responsabilidad de la autoridad es no exponer o divulgar los datos personales de los detenidos, en aras de no afectar su reputación. Diversas irregularidades quedaron de manifiesto en la detención de Juan Vergara Fernández; la identidad de Vergara Fernández se hizo pública al precisar su último cargo en el gobierno, como secretario de Finanzas, acción ilegal y difamatoria porque rompe la presunción de inocencia.
El objetivo era exhibir a uno de los hombres que fue pieza clave en la reconstrucción de las finanzas del estado, mismas que fueron heridas de gravedad por la anterior administración, por funcionarios que justamente son los mismos que han sido denunciados y detenidos por la Fiscalía del Estado.
La intención es desacreditar la lucha contra la corrupción iniciada por el gobierno actual.
Pero no es el primer caso en el que el gobierno federal, concretamente la PGR, comete arbitrariedades en Quintana Roo, exactamente lo mismo hizo en el caso de las cajas de First National Security en Cancún, abusos, excesos y criminalización a todos los que tenían alguna caja de seguridad fueron la constante en ese caso que aún no se ha resuelto totalmente.
Los clientes de First National Security sufrieron también extorsiones para poder recuperar sus legítimas pertenencias, misma receta que pretende utilizarse en esta ocasión, cuando se pretende extorsionar para evitar más detenciones y proteger a Roberto Borge y sus cómplices, evitando que haya más detenciones.
Para incriminar a Juan Vergara la PGR manipuló el artículo 69 B del Código Fiscal de la Federación, que prevé un procedimiento para que las autoridades presuman la inexistencia de las operaciones de los contribuyentes que hayan emitido comprobantes fiscales sin contar con activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan dichos comprobantes o cuando no se localice al contribuyente.
El tema de Vergara se trata pues de un asunto de impuestos que pretendió “inflarse” para convertirlo en lavado de dinero, un delito que la PGR no pudo acreditar, tan es así que el juez del caso le negó la prisión preventiva para el exsecretario de Finanzas.
