En menos de 48 horas, ocurrieron cuatro graves ataques a la prensa en México, indicación que, al igual que en los últimos sexenios, nuestro país seguirá liderando, de forma vergonzosa, en la vulneración de la libertad de expresión.
Así, en dos días, un periodista de Guerrero, Rogelio Barragán, fue hallado muerto con señales de tortura en Morelos; una reportera, Verónica Bacaz Rojas, fue blanco de ataques en redes sociales, por hacer preguntas, vía transparencia, sobre el alcalde de Cuernavaca; desconocidos lanzaron bombas molotov a las instalaciones del periódico El Monitor, de Parral; por último, Humberto Padgett, periodista de investigación del programa de Ciro Gómez Leyva, fue detenido de manera arbitraria.
Estos condenables hechos debieran hacer reflexionar sobre la terrible postura oficial de descalificar a periodistas, pues abona a generar un ambiente hostil. La propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) advirtió que los servidores públicos tienen como límite a su libertad de expresión el descalificar a periodistas, pues estas “pueden interpretarse como un permiso para agredirles”.
Lo cierto es que el desplazamiento forzado de periodistas es un fenómeno en aumento, y aunque el Mecanismo de Protección hace una labor loable, se debe combatir la violencia contra la libertad de expresión desde la raíz.
La intolerancia a la crítica debe combatirse, tal como pregona el actual gobierno federal, desde arriba hacia abajo, pues no puede hablarse de transformación silenciando la libertad de expresión.
