Los ex presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje 1, 2 y 3 con sede en Cancún, así como el de la Junta Especial de Playa del Carmen pronto tendrán que rendir cuentas a la justicia luego de que fueran denunciados por la actual administración estatal por la serie de despojos y juicios apócrifos ocurridos durante la administración de Roberto Borge.
Recordemos que en el borgismo las Juntas de Conciliación fueron utilizadas como herramientas para el despojo de predios y construcciones de alta plusvalía, principalmente en la Riviera Maya.
El modus operandi era no notificar al dueño de la propiedad -hoteles boutique en la mayoría de casos- de uno o más juicios laborales en su contra para luego proceder al embargo, bajo la exigencia de una indemnización laboral 10 o 15 veces superior a lo que en realidad correspondía al supuesto empleado demandante de acuerdo con su sueldo.
Aunque la autoridad no dio a conocer los nombres, se sabe que estos actos fueron legalizados por funcionarios cercanos a Borge. Uno de ellos fue Carlos Lima, ex director del Registro Público y del Comercio, a quien la anterior legislatura nombró magistrado a propuesta directa del gobernador Borge.
Otros funcionarios implicados son el ex secretario del Trabajo, Patricio de la Peña; el subsecretario del Trabajo en la zona norte, Enrique de la Cruz Pineda; y el presidente de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje, Alexis Zavala Ávila.
La secretaria estatal del Trabajo y Previsión Social, Catalina Portillo Navarro, indicó que también se le está dando seguimiento a 12 juicios de amparo pendientes de resolución por parte de los tribunales colegiados y juzgados de distrito federales.
Todos son por despojo de inmuebles de alta plusvalía, principalmente a extranjeros que invirtieron en Quintana Roo.
Los montos de los despojos varían pues faltan fianzas, títulos de crédito, cheques y efectivo.
Esta red gubernamental de despojos operó principalmente en Tulum, donde se quedaron con varios hoteles boutique; los operativos se realizaban en medio de la noche y sobre varias propiedades, el más famoso fue en contra de 16 hoteles de la franja costera, realizado el 17 de junio de 2016 que provocó que los consulados de cuatro países europeos se pronunciaran y pidieran una profunda investigación del caso a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Otro ejemplo es el de la torre Maioris, en Cancún, donde ya un juez federal ordenó dar posesión legal a los legítimos propietarios de cuatro departamentos ubicados en esa zona residencial.
