Si le preguntas a cualquier ciudadano las principales características del quinquenio de Roberto Borge Angulo, rápidamente dirán que los excesos, el abuso de poder, la corrupción e impunidad de los múltiples abusos en este oscuro periodo, pocos fueron más escandalosos y marcados por el oprobio público que la concesión otorgada a Aguakan para Solidaridad, y su extensión en Benito Juárez e Isla Mujeres por 40 años más.
Por perpetrar este golpe a la ciudadanía, el gobierno estatal recibió más de mil millones de pesos por parte de la empresa, monto que CAPA transfirió a Sefiplan, de donde nunca más se supo a dónde fueron a parar.
Aunque el enojo popular por ese hecho casi siempre está dirigido a Aguakan, aquí hay que decir, ¿y la empresa, qué?, simplemente pagó por su concesión. A fin de cuentas, quedaba en los políticos aceptar o rechazar la propuesta. Ojo, no defiendo a Aguakan, solo pongo la cosa en su lugar. La aprobación de la concesión fue responsabilidad de políticos borgistas.
La pregunta, entonces, debe ser: ¿Por qué los 17 diputados locales dieron su aval a esta concesión, si era tan rechazada por la ciudadanía? Cabe recordar aquí que solo cinco votaron en contra y dos, convenientemente, ni siquiera fueron a la sesión.
Si hay un reclamo, debería ser contra esos diputados privatizadores. Como diría el Presidente, serían calificados como “neoliberales”, como aquellos que privatizaron el patrimonio de los mexicanos por jugosos montos de dinero.
El principal responsable ya está en la cárcel: Roberto Borge, pero ¿Y los 17 exdiputados, ellos cuándo?
Si escupes para arriba, la ley de la gravedad hará lo le corresponde, ¿A poco no Marybel?
