El ejercicio de consulta ciudadana para revocar o dar un visto bueno a la administración pública del presidente de la República, es una responsabilidad histórica para los actuales integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), más allá de los dimes y diretes de la actual ‘politiquería’, debido al avance democrático que la misma representa.
¿Por qué hablamos de una “responsabilidad histórica”? Es simple. A los ciudadanos nos urge poder decidir si la administración del presidente de la República responde a los intereses de los ciudadanos o, eventualmente, se ha convertido en una gestión en favor de sus correligionarios, socios o incluso, como ya ha ocurrido, en beneficio directo de empresas o gobiernos extranjeros.
Pero también representa un antecedente legal que nos permitiría generar los cambios a las legislaciones locales de los estados para, de la misma manera, determinar si nuestros gobernadores, integrantes de las legislaturas locales o la federal y, desde luego, nuestros presidentes municipales, a la mitad de su gestión tendrían que ser separados de su cargo.
Los quintanarroenses hemos sido traicionados una y otra vez por nuestras autoridades y representantes populares, y en todos los casos, terminamos lamentándonos a ‘toro pasado’ de los destrozos administrativos, de la entrega del territorio, del hurto a las arcas, de los actos de corrupción y sobre todo, del cada vez mayor endeudamiento público que como tal, resulta que nos toca pagarlo a los ciudadanos.
Y lo mismo con los presidentes municipales, y para mejor muestra, el botón del arranque de las presentes administraciones, sólo dígame usted amable lector, cuál presidente municipal no se queja de que el erario fue desfalcado.
De todos estos desastres económicos, los diputados de la Legislatura correspondiente, resultan corresponsables, autorizaron endeudamientos, contratos extendidos “a la eternidad” y siempre en beneficio de las supuestas empresas contratadas o concesionadas que son constituidas bajo la sospecha por gobernantes en turno, ¿qué acaso no tendríamos el derecho de exigir que a esos diputados que votaron en favor de tanta dilapidación los separaran del cargo?
Pero, a pesar de lo evidente que resulta la necesidad y exigencia ciudadana de aplicar estas sanciones, el presidente del INE se niega; pero permítame explicarle que sólo se trata de una postura política que nada tiene que ver con el interés superior de la Nación, veamos.
Lorenzo Córdova Vianello se niega bajo el argumento de que la reciente disminución al presupuesto del INE, dejaría sin posibilidades al mismo de llevar a cabo la Consulta.
A ello, habría que preguntar, ¿y los escandalosos sueldos que perciben los integrantes del Consejo General del INE?, ¿ acaso no tendrían la obligación republicana de ajustar sus sueldos por debajo del que percibe el presidente de la República?
Lorenzo Córdova percibe un sueldo de casi 180 mil pesos, más prestaciones que bien podrían dejar su percepción neta en 200 mil pesos, es decir, casi cien mil pesos más que el presidente de la República, y resulta que son diez consejeros quienes reciben esos ignominiosos sueldos.
Si se fijara una disminución de 100 mil pesos mensuales a cada uno de ellos, sólo por ese concepto, el INE se estaría ahorrando un millón de pesos cada mes, 120 millones de pesos al año y ello, sólo con hacer mas reales los sueldos de los consejeros.
Disminuir el presupuesto del INE no es atacar a Lorenzo Córdova Vianello y a Ciro Murayama, el Instituto es mucho más que dos personajes que, desde hace muchos años se han destacado por atacar políticamente a la figura de Andrés Manuel López Obrador.
Al final, Córdova Vianello y compañía dejarán de ser consejeros, pero los ciudadanos, siempre seguiremos siendo justo eso, ciudadanos.
