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La misma noche del 3 del presente mes se habló de una especie de intercambio de rehenes entre el secretario de gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado: novecientos millones de pesos que serían entregados a las finanzas de esa entidad (luego de una retención injusta) a cambio del control del proceso al empresario coahuilense Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, pieza clave en una historia judicialmente documentada, y sumamente explosiva, de triangulación de fondos federales para campañas electorales priistas.
El pasado lunes 12 se cumplió la primera parte del pago del rescate por el rehén priista: la secretaría federal de hacienda depositó a la cuenta de la administración chihuahuense 450 millones de pesos, la mitad de lo prometido, programando la entrega del resto para el cinco de marzo. En contrapartida, ayer se anunció que un juzgado federal decidió asumir el manejo del expediente del priista Gutiérrez Gutiérrez, a quien indicativamente ya el gobierno de Corral Jurado había aceptado que fuera trasladado a un penal federal.
La decisión del juez federal, Gerardo Moreno García (el mismo que lleva el proceso contra el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa), probablemente sea recurrida por el gobierno de Chihuahua, en un agotamiento de instancias judiciales (o solamente declarativas, “aceptando” el “golpe”) a cuyo fin es previsible que el poder federal se quede con el control del caso de Gutiérrez Gutiérrez, caso que ha implicado a Manlio Fabio Beltrones, Luis Videgaray y, de manera indirecta, al propio José Antonio Meade.
Aún cuando el tufo a intercambio de rehenes fue inmediato, enojos y ardores contra los suspicaces hubo aquella noche en que Navarrete y Corral anunciaban tan sugerente acuerdo (con el gobernador norteño revisando de manera ostentosa que el titular de Bucareli estuviese leyendo puntualmente los arreglos a que habían llegado). Se pretendía restregar a los desconfiados el texto formal firmado por los dos personajes, en especial el quinto párrafo, que asentaba: “En el caso del procesado Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, quien se encuentra recluido en el Centro Penitenciario Estatal, el gobierno de Chihuahua en apego a su compromiso permanente con la transparencia, manifiesta su disposición para que el señor Gutiérrez sea trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 9, ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua, estando sujeto a proceso por el juez de su causa”.
Palabras al aire, pues ahora el “juez de su causa” será el federal, si se sostiene la decisión anunciada ayer por Moreno García. Tampoco hubo celeridad ni contundencia en el proceso de solicitar órdenes de aprehensión, para fines de extradición, contra el exgobernador priista César Duarte Jáquez: en El Paso, Texas, donde se asegura que tiene domicilios el mencionado exmandatario, ni siquiera hay notificación alguna a los jefes policiacos para que busquen al político mexicano.
Lo único que sí se ha logrado, hasta ahora, fue la cancelación de las multas y apercibimientos impuestos a funcionarios chihuahuenses por no cumplir con requerimientos federales de información; el traslado del hombre clave, Gutiérrez Gutiérrez, a una prisión federal (como primer paso para la cesión plena de su caso a las instancias federales); la entrega en partes (aunque en el acuerdo se hablaba de que sería “inmediata”) de la suma causante del litigio (700 millones de pesos que luego se convirtieron en 900) y la oferta chihuahuense de “declinar su intención de presentar controversia constitucional”, en cuanto se confirmara “la recepción de los recursos”. Follow the money.
El secretario de relaciones exteriores, Luis Videgaray, ha estado muy activo en estos días, negociando en Washington lo conducente para que “en las próximas semanas ocurra un encuentro entre los presidentes Donald Trump y Enrique Peña Nieto”. ¿Cuáles serían los temas y los probables acuerdos entre el grosero y expansivo ocupante de la Casa Blanca y el mexiquense que este año deja el poder, todo a pocos meses de que se realicen en México elecciones presidenciales que se prevén altamente reñidas y conflictivas?/
Bueno, pues según la cancillería mexicana ese encuentro bilateral se daría para “revisar los avances de sus equipos de trabajo y tratar temas pendientes en la relación México- Estados Unidos”. Es decir, el gobierno mexicano no dice absolutamente nada puntual respecto a ese “encuentro”, desde ahora bajo sospecha fundada de tener en la agenda los comicios del primero de julio.
El accidente de carretera sufrido en Baja California Sur por María de Jesús Patricio Martínez, conocida como Marichuy, y por un grupo de los activistas que la acompañan (con saldo de un muerto y varios lesionados), hizo suspender la caravana encabezada por la aspirante a candidata presidencial independiente, pero no la recolección de firmas, aunque un declarante del Concejo Indígena de Gobierno estableció que en estas circunstancias no es prioridad la obtención de tales suscripciones.
En términos reales, no hay más posibilidades de que Marichuy alcance el número de firmas requeridas para tal candidatura y, como se dijo desde un principio, el objetivo no fue la pelea por el “triunfo” para ir a Palacio Nacional sino la difusión de problemas de comunidades indígenas y de grupos sociales diversos y, en particular, el aprovechamiento de la coyuntura para impulsar formas nacionales de organización.
Y, mientras ha vuelto a producirse el episodio de las encuestas de opinión, aceptadas y celebradas en Morena cuando favorecen a Andrés Manuel López Obrador, luego rechazadas y estigmatizadas cuando presentan cifras discordes con la percepción de los seguidores del tabasqueño (la culpa no es de las encuestas sino de quien las hace creíbles), ¡hasta el próximo lunes, ya con las bombas de inflado a toda máquina, tratando de instalar al panista Ricardo Anaya como presunta carta “antisistema”, como el “opositor aceptable” para “conceder” al respetable público la ilusión de la derrota del PRI!
