A un año de entregar el poder, Enrique Peña Nieto logró consolidar e institucionalizar la guadaña peñista-calderonista: habiendo empeorado la situación de la seguridad pública en el país, dueño de marcas históricas en cuanto a homicidios intencionales y violencia en general, impugnado por amplias franjas ciudadanas y en riesgo su partido y su candidato de perder las próximas elecciones presidenciales, el exgobernador del Estado de México ordenó el miércoles que al siguiente día la maquinaria legislativa, bajo control del Partido Revolucionario Institucional y sus aliados, aprobará por turnos (ayer, los diputados; luego lo harán los senadores) una alarmante Ley de Seguridad Interior (LSI).
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Con esa nueva normatividad se busca legalizar las acciones militares en materia de combate al crimen organizado (lo cual, leído a contrasentido, es una contundente confesión de que ha sido ilegal lo hecho hasta ahora en esa materia), formalizar el uso de las fuerzas armadas para tareas políticas y sociales que deberían resolver los civiles, y dotar al mencionado Peña Nieto de los mecanismos de activación “legal” de soldados y marinos para operaciones delicadas, según el criterio personalísimo del ocupante de Los Pinos, incluyendo movilizaciones políticas, sociales y electorales que se salgan de un rango pacífico, conforme a la valoración discrecional del máximo funcionario del país.
La luz verde para los futuros tiempos aún más rojos fue dada en San Lázaro, en lo general, este jueves antes de las cuatro de la tarde, apenas pasado un día de que Peña Nieto había impelido al congreso a dar su voto mayoritario a favor de una ley “de imperiosa necesidad”.
Los opositores a esa ley hablaron y hablaron en tribuna, y mostraron una manta de varios metros de largo y cartulinas de protesta, pero al final fueron superados por una votación cuyo principal rasgo distintivo no fue la aritmética evidente, con 248 votos a favor de la LSI y 115 en contra (poco más de dos a uno), sino el elevado número de abstenciones (48, sobre todo de panistas) y de ausentes (llamativo el caso de Morena, con nueve ausencias, que significan casi el veinte por ciento de su bancada en la cámara de diputados, mientras del PRI sólo se ausentaba el diez por ciento, según datos publicados en internet por María del Carmen Nava).
La aprobación de la LSI, en lo general y en lo particular (con 101 puntos reservados para discusión en específico), se produjo luego de casi tres horas de simulacro de debate y análisis, con oradores de oposición hablando como si lo hicieran frente a una pared, mientras el consorcio encabezado por el PRI aguardaba el desahogo opositor para luego aplicar la aplanadora numérica: 205 votos a favor, 101 en contra y 4 abstenciones.
La siguiente tanda legislativa será en el Senado, donde seguramente el PRI y sus aliados también la aprobarán y, así, quedará cumplido el ciclo de esta iniciativa, a todo vapor y previas presiones expresas de Peña Nieto y de los secretarios de la Defensa Nacional y de la Marina.
El texto aprobado tuvo una previa caracterización negativa por parte de varias organizaciones defensoras de derechos humanos, nacionales e internacionales, incluyendo la gubernamental mexicana, presidida por Luis Raúl González Pérez.
El titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos advirtió que la aprobación de este tipo de textos “no puede ser producto de decisiones coyunturales o políticas”.
González Pérez aseguró, un día antes de la votación en San Lázaro, que “los potenciales riesgos del dictamen que será objeto de discusión son múltiples y de diversa gravedad.
Tan sólo por mencionar algunos, se podrían referir desde las imprecisiones conceptuales al mezclar el ámbito de la seguridad nacional con la seguridad interior; una definición sumamente amplia y ambigua de esta última permitiría configurar, prácticamente, cualquier conducta como un riesgo a la misma, para lo cual no habría criterios objetivos sino una facultad discrecional genérica; la imposición de una reserva absoluta sobre la información que se genere lo cual haría nugatoria cualquier expectativa de transparencia; la falta de mecanismos reales y efectivos de rendición de cuentas; la posibilidad de que las Fuerzas Armadas realicen tareas de investigación y prevención de delitos; así como la trasgresión a los derechos de reserva y secrecía en favor de las víctimas al obligarse a todas las autoridades a entregar cualquier información que sea requerida en este ámbito”.
También consideró el presidente de la CNDH que es “previsible” que la aplicación de la LSI “trasgreda, desde el origen, garantías procedimentales básicas y derechos humanos reconocidos en la Constitución.
Lo cual propiciará que los responsables de una conducta ilícita tengan una puerta abierta para eludir la acción de la justicia por la indebida actuación de las autoridades, una vez que sus acciones fueran puestas a consideración de un tribunal de derecho.
Mucho de lo que el dictamen refiere como materia de seguridad interior serían cuestiones que, bajo otra óptica se podrían considerar, como propias del ámbito de la seguridad pública”
(nota de Emir Olivares, en La Jornada: https://goo.gl/FhAJ2x ).
Aún así, las fuerzas peñistas unidas sacaron adelante la muy impugnada ley en mención.
El avance se produjo a un año de que Peña Nieto deje la oficina presidencial de Los Pinos, en el contexto de una estrategia multifactorial que pretende instalar a José Antonio Meade como sustituto “apartidista” y que se alista para contener de diversas maneras las expresiones de apoyo electoral al virtual candidato opositor, Andrés Manuel López Obrador.
Puntero en las poco confiables encuestas de opinión público y poseedor indudable de una base de apoyo político y social que podría considerarse muy insatisfecha si los resultados oficiales de julio próximo le parecen fraudulentos.
Y, mientras José Antonio Meade ha pedido a los priistas “defender” a Peña Nieto, pues está “salvando” al país, y terminará su gobierno “con amor y generosidad”
¡Hasta el próximo lunes!
