- Ahora, anayistas acusan a Meade
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De una manera preocupante se ha comenzado a judicializar el proceso electoral mexicano. Ya no hay que esperar, como en otras ocasiones, a que el conflicto por la vía judicial estalle después del depósito ciudadano de votos en las urnas: ahora está llegando a temprana la hora de los fiscales y los jueces, con el aparato del PRI-Gobierno y sus aliados volcado en el aplastamiento político y mediático del panista Ricardo Anaya Cortés (cuyo lema, parafraseando al del partido blanquiazul, podría ser: “Por un patrimonio inmobiliariamente generoso y una vida mejor y más digna para mí y mi familia”) y, en un revire sumamente retador, con los anayistas y sus actuales compañeros de viaje (perredistas y emecistas) demandando investigaciones y castigo a José Antonio Meade bajo la acusación de que fue cómplice de maniobras lesivas del erario federal, testigo complaciente y acomodador de circunstancias en relación con “estafas maestras”.
Lo dicho ayer por Damián Zepeda, el contlapache a quien Ricardo Anaya dejó como presidente interino del PAN, señala, con vocación de apertura de una averiguación previa sobre el asunto, que Meade “es cómplice o actuó de manera directa en el desvío de mil millones de pesos” mientras estuvo al frente de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Tres casos concretos de irregularidades susceptibles de castigo señaló Zepeda, a quien no acompañaron sus homólogos. Es decir, no asistió Manuel Granados, sino el secretario general del PRD, Ángel Ávila, y tampoco estuvo Dante Delgado, sino Alejandro Chanona, miembro de la Comisión Operativa del partido Movimiento Ciudadano.
La guerra de lodo entre los antiguos aliados parecería dejar como solitario competidor (solo contra sí mismo) a Andrés Manuel López Obrador, pues el queretano de 39 años podría pasar a tocar el ukulele en alguna celda federal, si los expedientes de la Procuraduría General de la República fueran llevados a su fase extrema, y el pentasecretario cuasi priista, hasta ahora intocado expresamente en temas de corrupción personal, podría ser castigado por sus acciones y omisiones ante formas de defraudación que vio pasar y no denunció ni frenó con contundencia y en las que incluso, según el frente PAN-PRD-MC, habría tenido formas de complicidad directa.
Pero el aparato de “procuración de justicia” que maneja Los Pinos está obsesionado con focalizar como único acto de corrupción punible de todo el sexenio lo sucedido con el panista Anaya, con la abierta intención de sacarlo de su carril y colocar ahí, como segundo lugar de la competencia, al favorito de Palacio, el citado Meade. Por otra parte, esta precoz judicialización del proceso judicial ayuda a enturbiar el ambiente político y cívico e incluso a generar una malintencionada deslegitimación de las elecciones (en las que aparece López Obrador como puntero de apariencia imbatible), brotando en algunos espacios de opinión la “oportuna” reflexión respecto a lo viable o inviable que está resultando este proceso electoral.
En otro tema: el polémico empresario regiomontano, Alfonso Romo, sería el jefe del gabinete presidencial de Andrés Manuel López Obrador en caso de que este ganara las elecciones del próximo primero de julio. El adelanto del estratégico papel de Romo fue dado por el tabasqueño en respuesta a lo publicado por la columnista Mary Anastasia O’Grady en The Wall Street Journal (WSJ), bajo el título de “Cómo hacerse rico con rapidez en México” y el sumario “Uno de los principales patrocinadores del presidente tiene un turbio historial comercial” (https://goo.gl/3jf4n2).
O’Grady, de línea siempre adversa a gobiernos y postulaciones de izquierda o progresistas, e integrante del consejo editorial del WSJ, consideró que “no está claro que el señor Romo sea el mejor portavoz del espíritu empresarial ético. Al menos una transacción comercial, en la que obtuvo una gran ganancia, dejó dudas sobre su compromiso con la transparencia y la responsabilidad fiduciaria”.
La articulista se refirió a la venta en 2003 de la empresa Seminis, productora de semillas genéticamente modificadas, a la firma estadunidense Fox Paine, en un proceso que resultó desventajoso para accionistas de Seminis y sumamente provechoso para Romo, quien luego negociaría una fusión con la poderosa Monsanto y terminaría con un sueldo anual de un millón de dólares y otros privilegios corporativos (https://goo.gl/R2N3ya).
Romo no es, desde luego, un hombre de izquierda sino lo contrario, financista y apoyador de las campañas de Vicente Fox y Felipe Calderón, afiliado a corporaciones religiosas de extrema derecha y asociado del español José María Aznar en proyectos educativos en América Latina y México. Así que los dardos no se dirigen realmente a dicho personaje neoleonés, de crecimiento empresarial en función de emparentamientos que al finalizar lo colocaron de nuevo fuera del primer círculo del influyente capital de aquella entidad, sino en contra de López Obrador, quien ayer mismo defendió a Romo en el propio Monterrey, donde se reunió con empresarios.
Dijo el tres veces candidato presidencial que “nosotros le agradecemos mucho a Alfonso Romo, porque tiene dimensión cívica y social. Es un empresario que merece todo nuestro respeto, nos ha ayudado mucho”, y aseguró que lo publicado en WSJ “es una calumnia: una operación de ese tipo, en Estados Unidos, es perseguida judicialmente, es sancionada; esto es una noticia para afectarnos políticamente”. También mencionó que Televisa, donde se dio amplia difusión al artículo del WSJ, se había “venido portando bien con nosotros y ahora se une a la estrategia electoral de siempre, de unirse al régimen para golpearnos”.
Y, mientras The Washington Post asegura que Donald Trump planea visitar la frontera californiana a mediados de marzo, para revisar personalmente los prototipos para la construcción del muro de las discordias, ¡hasta mañana!
