En Morelia, Michoacán, el futuro secretario federal de seguridad pública, Alfonso Durazo Montaño, hizo la más cruda crítica al gobierno peñista en la tersa etapa de transición posterior a las elecciones: “el próximo gobierno recibirá una seguridad en ruinas, de ahí el reto a enfrentar”, dijo el sonorense. Añadió: “unos han dicho que México se ha convertido en una tumba; otros aseguran que en una fosa. Así que el reto no será sencillo”. Aun así, advirtiendo que las cosas no se modificarán de la noche a la mañana en esa delicada materia, aseguró que “la gente podrá notar cambios en el corto plazo”.
Andrés Manuel López Obrador recibirá, en realidad, un país en ruinas en muchos rubros importantes. La profundidad y la extensión de la tragedia acumulada, que Peña Nieto agravó particularmente, se irá viendo conforme el futuro equipo de gobierno vaya adentrándose en sus funciones y tenga acceso a documentación y datos reveladores. La suavidad táctica del obradorismo en este tramo transitorio no debe generar la ilusión óptica de que el pasado del sexenio por terminar, de tanto rechazo social en el reciente asomo a las urnas, puede ser olvidado o perdonado. Lo que se ha hecho con el país debe ser recordado y ajustado a los requerimientos legales de justicia, con sus correspondientes sanciones en los casos que sea posible, dejando el perdón y la conmiseración en el ámbito moral al que corresponden tales conceptos.
Ayer, por ejemplo, el más afamado de los creadores de las autodefensas cívicas contra el crimen organizado, el médico José Manuel Mireles, dijo que los foros de consulta sobre pacificación y reconciliación nacionales son “una charlatanería y pura política”, por lo cual abandonó el lugar donde se realizaba uno de ellos, bajo la coordinación del citado Alfonso Durazo Montaño.
El médico Mireles a veces carga de protagonismo sus participaciones y, en esta ocasión, su molestia fue porque en el foro no estaban representados “luchadores sociales” (como él mismo). Aun así, su protesta tiene repercusiones en tanto ha sido clara su cercanía con los planteamientos políticos del lopezobradorismo, al grado de haber aspirado a ser candidato a diputado local por esa vía. Otro de los dirigentes históricos de aquel movimiento de autodefensa, Hipólito Mora, dijo: “Yo no les doy el perdón. Me voy con él a la tumba. Esa chambita se la dejo a Dios, y Dios que decida a quién perdonar y a quién no. Yo sigo con mis ideales”.
Horacio Duarte Olivares ha sido el abogado representante de candidaturas presidenciales de López Obrador ante los institutos federales encargados de las elecciones (en 2006, el IFE; en 2018, el INE). Es parte del grupo ganador en el Estado de México (presidió el comité estatal de Morena) desde Texcoco, con Higinio Martínez como jefe político y Delfina Gómez como principal figura (fue candidata a gobernar la entidad, despojada del triunfo por Alfredo del Mazo y Enrique Peña Nieto). Ahora será subsecretario del trabajo. Se encargará del tema del empleo y, en particular, de programas con jóvenes.
Santiago Nieto Castillo fue destituido de mala manera de la fiscalía especializada en delitos electorales que ocupaba en el ámbito de la Procuraduría General de la República. La línea que no pudo rebasar se llama Expediente Odebrecht y, en específico, la relación de esa empresa corruptora con Emilio Lozoya, para financiar actividades de campaña presidencial de Peña Nieto en 2012, y los posteriores “pagos” de esas inversiones de la firma brasileña desde Petróleos Mexicanos, que Peña encargó a Lozoya. Ahora, Nieto Castillo (quien se definió a favor de AMLO en tiempos de campaña) analiza con el presidente electo los temas de la Fiscalía General de la Nación y otros ámbitos de procuración de justicia.
Otro anuncio del presidente electo: la creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Más allá de la denominación, que hace recordar etiquetas utilizadas por gobiernos pasados, lo importante serán las propuestas de acción que emprenda Adelfo Regino, quien será titular de esa oficina.
Enredos de los nuevos tiempos: Miguel Ángel Mancera nunca fue militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), pero gobernó la Ciudad de México a nombre de esta organización. Dejó la capital en crisis, para ser candidato a senador por el Partido Acción Nacional, a propuesta del comité panista de… Chiapas. Y ahora está encaminado a ocupar, ese senador llegado en la lista nacional de candidatos del partido de blanco y azul, la coordinación de la bancada del PRD en el Senado.
Ha anunciado Ernesto Cordero Arroyo su retiro de la política, en un gesto que da cuenta del fracaso redondo del grupo encabezado por Felipe Calderón Hinojosa y de su reciente intento de seguir en el poder por la vía conyugal.
Cordero es actuario por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (el ITAM, centro productor de derechistas cuadros técnicos y políticos para consumo de gobiernos panistas y priistas; ahora desplazado, en el esquema de López Obrador, por la UNAM y el Colegio de México). Siempre de la mano de Calderón, ocupó durante el sexenio de éste las secretarías de desarrollo social y de hacienda y, en 2011, Los Pinos trató de imponerlo como candidato a la sucesión, aunque, ya en pleno declive la fuerza calderonista al interior de Acción Nacional, la elección interna fue ganada por Josefina Vázquez Mota. Senador gracias a la cuota para allegados y familiares que consiguió Calderón en 2012, Cordero llegó a presidir la mesa directiva de esa cámara, en una desaseada maniobra en alianza con el PRI y contra el grupo anayista. Expulsado del PAN, dice que ahora se dedicará a tareas profesionales privadas.
Y, mientras los panistas siguen en guerra interna, con acusaciones contra Rafael Moreno Valle, por su presunta asociación política con grupos huachicoleros, y Ernesto Ruffo exigiendo que los coordinadores anayistas de las bancadas legislativas salientes rindan cuentas precisas del uso de los recursos puestos a su disposición. ¡Hasta mañana!
