“Elecciones” simuladas
Obradorismo, ¿derrotado?
Meyer, flashmob, show
Entre descoordinación política y visos de ingenuidad, el obradorismo dejó la puerta abierta al cacique Carlos Romero Deschamps y su pandilla de dirigentes seccionales en todo el país para que mantengan bajo control el sindicato de trabajadores petroleros.
A pesar del extraño festejo que adelantó la noche del martes la futura secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, flanqueada por la futura secretaria de energía, Rocío Nahle, respecto a un presunto acuerdo de democratización en los procesos mafiosos de elecciones sindicales petroleras (según eso, con el voto “libre y secreto” como logro “histórico”), el peso de la realidad fue aplastante: una enorme y descarada simulación que permitió el “avance” meramente procesal de que no se anotaran los nombres, apellidos y ficha de los trabajadores en las cédulas electorales, frente a una convocatoria a modo, apresurada (se emitió el lunes, dando el martes para registro de planillas y el miércoles para la votación), con planillas únicas (los caciques seccionales en la rotación acostumbrada: sale uno pero entra otro del mismo bando), ¡urnas itinerantes! llevadas a los centros de trabajo sin mayor vigilancia ni recato, funcionarios sindicales presenciando la emisión del voto “libre” e inmediatas celebraciones del oficialismo sindical, la tarde de ayer, del triunfo “democrático” de los candidatos únicos.
Lo sucedido no se compadece del “festejo” que con tal palabra expresó la ministra en retiro, senadora en funciones y futura secretaria de gobernación, Sánchez Cordero, por la presunta “democratización”, ni con el conocimiento pleno de la realidad sindical petrolera que tiene la futura secretaria de energía, Nahle. Tampoco se honró el esfuerzo de directivos y legisladores de Morena que impulsaron actos públicos de agitación de bases laborales petroleras para impulsarlas al combate a campo abierto contra el vengativo romerismo. El propio López Obrador quedó fuera de lugar con sus discursos por el sureste, asegurando que ahora sí habría democracia sindical, sobre todo en el sindicato petrolero.
Los principales grupos opositores a Romero Deschamps y sus 36 secretarios seccionales consideran la posibilidad de emitir hoy un pronunciamiento de descalificación de la farsa electoral y una exigencia de que se nieguen las tomas gubernamentales de nota de tales comicios. Hay un camino legal por recorrer, incierto en términos meramente jurídicos pero susceptible de ser potenciado por el nuevo poder morenista: la búsqueda de declarar nulas las elecciones de este miércoles, por considerar que no se ajustaron a las modificaciones recién aprobadas por el congreso de mayoría morena. Ya se verá si el obradorismo aplica toda su fuerza a revertir lo que hoy ha sido una victoria del sindicalismo nefasto del emblemático Romero Deschamps o si, en aras de entendimientos para el cumplimiento de los planes petroleros del sexenio, hubo un avenimiento pragmático para convertir al charrismo sindical petrolero en un nuevo aliado circunstancial.
No ha sido afortunada la designación de Sergio Mayer Bretón como presidente de la comisión de cultura de la cámara de diputados (en realidad, tampoco lo fue la candidatura en sí de tan peculiar personaje, particularmente destacado en la farándula). Con una rapidez y consistencia muy notables, ha ido cometiendo pifias en su ambicioso cargo. Ayer, en el contexto de la instalación de la citada comisión, llevó a un grupo que, según luego declaró su coordinador, llevan “veinte años trabajando para Televisa”, además de estar disponibles para actos empresariales y “pedidas de mano”.
Ese grupo realizó lo que en inglés se conoce como flashmob, una actuación relámpago entre un público que no sabe lo que sucederá. No es una novedad el flashmob, pero sí lo fue en un acto formal como el de ayer en la cámara de diputados, cuando un puñado de cantantes interpretaron partes del coro de la ópera La traviata, de Guiseppe Verdi. La visión ligera, práctica y efectista de Televisa (el “show”), como matriz “cultural” en San Lázaro.
En una insólita recurrencia defensiva, la Presidencia de la República (ocupada en esta ocasión por Enrique Peña Nieto), ha promovido una controversia constitucional para impedir eventuales acciones judiciales que pudiesen implicar aprehensión u otras medidas de apremio o indagación respecto a un caso que Los Pinos se ha empeñado en tratar de disminuir jurídicamente y de ocultar mediáticamente: la acusación, radicada en Chihuahua y promovida y sostenida por el gobernador Javier Corral Jurado, de que dinero público bajo manejo federal fue enviado a aquella entidad, cuando la gobernaba el priista César Duarte Jáquez, para triangularlo delictivamente hacia campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional.
La promoción de la citada controversia constitucional fue hecha el pasado 11 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Misha Granados. Con ese recurso se busca impedir que haya o vaya a haber órdenes de aprehensión contra “actuales o anteriores funcionarios públicos federales que se relacionen directa o indirectamente con el ejercicio de sus funciones”, en el contexto del proceso que tuvo en la cárcel al exsecretario adjunto del comité nacional priista, Alejandro Gutiérrez, en un expediente que involucra a Manlio Fabio Beltrones, José Antonio Meade Kuribreña, Luis Videgaray Caso y, desde luego, Enrique Peña Nieto.
Más allá de consideraciones partidistas (el gobernador Corral es panista) y de pugnas de las recientes campañas presidenciales (Corral apoyó abiertamente a Ricardo Anaya), el tema debería ser de la mayor importancia para el proceso de democratización nacional: ese expediente es el primero y único, hasta ahora, que da muestra del uso de dinero público para campañas priistas, con nombres de un altísimo nivel que, ahora, buscan protección judicial en una maniobra que en el fondo es un reconocimiento de las culpas que les señalan. ¡Hasta mañana!
