Una súbita movilización indignada, con visos de crecimiento inmediato, no solo en el terreno físico (el domingo hubo una concentración de cientos de personas en el Ángel de la Independencia) sino, sobre todo, en las redes sociales, incitó a la administración de Miguel Ángel Mancera a dar pasos públicos (hasta entonces, había sido burocrático, distante, el trato oficial al asunto) para encontrar al joven Marco Antonio Sánchez Flores, desaparecido desde la tarde del pasado martes en una estación del Metrobús, en una zona de la delegación Azcapotzalco (el domingo, en el Ángel, el mismo jefe delegacional, Pablo Moctezuma Barragán, declaraba que sobre el tema no había tenido ninguna comunicación oficial del gobierno central mancerista respecto a búsquedas o indagaciones).
Ese mismo domingo fue localizado el joven desaparecido, a menos de una hora de que Mancera hubiera ofrecido una conferencia de prensa cuyo único dato relevante era, hasta ese momento, la confirmación de que se contaba con videos en los que se veía al joven con vida, en una zona conurbada del Estado de México con la capital del país. Mancera, como el procurador Garrido y el secretario policiaco Almeida, desestimaron las evidencias y testimonios de graves comportamientos de los agentes y desarrollaron el libreto rutinario de las investigaciones por realizar, sin ahondar en las causas originales del episodio que generó un amplio enojo en la capital del país.
Ya con Sánchez Flores a salvo, se desarrolló en las mismas redes sociales una significativa campaña de desacreditación del joven de diecisiete años, acusándolo con insistencia de ser un delincuente y un drogadicto, como si tales circunstancias, en caso de ser ciertas, eximieran a las autoridades de la ciudad y del estado de México de las evidentes pifias y agravios cometidos; como si el Estado contara con facultades de excepción, para tratar con ánimos incluso de exterminio a jóvenes que atravesaran por situaciones críticas: de la virtual “limpieza social” instaurada a partir del calderonismo, que ha llevado a las fuerzas uniformadas a esforzarse en no dejar supervivientes de los choques armados, a la estigmatización de los jóvenes por ser “basura social” en vías de desarrollo.
A reserva de que las autoridades capitalinas otorguen una transparencia creíble y legítima a lo sucedido desde el momento en que el joven fue detenido y agredido por policías, hasta la hora dominical de su aparición en circunstancias y condiciones insuficientemente explicadas a la hora de cerrar esta columna, conviene insistir en que el país entero vive cotidianamente sucesos parecidos en cuanto a la acción de policías contra ciudadanos, sobre todo jóvenes y mujeres, y en cuanto al absoluto abandono institucional para las víctimas y sus familiares, aunque sin el desenlace venturoso para Marco Antonio (al ser recuperado con vida), pero aún impreciso en su totalidad, al no saberse de manera confiable qué le sucedió durante los días de su desaparición y si habrá consecuencias lamentables para su salud física y mental.
En realidad, podría hablarse de delincuencia serial por parte de amplios segmentos de las corporaciones policiacas de todo el país, que se dedican a la búsqueda y creación de circunstancias anómalas que les permitan acusar a personas que les parecen vulnerables, para señalarlas con falsedad de haber cometido ciertos delitos o faltas, amenazar con sumergirlas en los horrores de la burocracia policial y carcelaria y de esa manera extorsionarlas directamente o recurriendo a familiares de esas personas alcanzadas por la mafiosidad policiaca.
No es inusual que los jóvenes detenidos por policías, y luego liberados después de la extorsión, terminen en circunstancias parecidas a las de Marco Antonio Sánchez Flores.
Los tíos de un alumno de una institución pública de bachillerato de Azcapotzalco relataron ayer que su sobrino sufrió una suerte similar a la de Marco Antonio: “cuando lo volvimos a ver unos días después, parecía vagabundo y no se acordaba de casi nada”.
La agresividad criminal e impune de los policías (que no solamente ignoran protocolos y carecen de capacitación adecuada) es una larga historia repetitiva. Por ejemplo, en 2006, La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió la recomendación 8/2006, respecto a las acusaciones de violación del derecho a la integridad y seguridad personal, así como a la legalidad y seguridad jurídica, lo que fue cometido por seis policías del municipio de Tlaquepaque.
En el caso de dos de ellos se exigió una indemnización a favor de dos personas que resultaron con fracturas óseas como consecuencia de la violencia desmedida ejercida por los agentes.
A otros tres se les anexó a sus expedientes la constancia de la conducta indebida que presentaron, entre ellos Ricardo Trejo Juárez, nombre similar al de uno de los policías capitalinos del Sector Hormiga que detuvieron al joven Sánchez Flores en una estación del Metrobús.
Es probable que el nombre y apellidos solo sean una coincidencia, pero no lo es la conducta reiterada de los policías de todo el país en incidentes de los cuales el relatado, correspondiente a Tlaquepaque, es un episodio color de rosa, comparado con lo que ahora se vive, en una barbarie institucionalizada.
Astillas: Dice la agencia Reuters que Estados Unidos y México analizan la posibilidad de que en vuelos comerciales entre ambos países viajen agentes estadunidenses armados. Este adelanto informativo se da en el contexto de la visita de dos días (1 y 2 de febrero) del secretario de Estado de aquel país, Rex Tillerson, quien se entrevistará con Enrique Peña Nieto para, según la información oficial de Los Pinos, “tratar los temas más relevantes de la agenda bilateral y regional, incluyendo temas económicos, de seguridad y migración, así como la situación de Venezuela”… Y, mientras ya ni es novedad que hayan cachado al “Verde” haciendo chanchullos con boletos de avión con cargo al dinero público entregado a partidos políticos, ¡hasta mañana!
