• Su saldo, su destino
• Corral y Anaya, inflados
• Gordillo, AMLO, Meade
Aún contra su voluntad, Enrique Peña Nieto estará presente en las boletas electorales del próximo primero de julio. No con su nombre y apellido, pero sí con el saldo de la administración que ha encabezado desde el primero de diciembre de 2012 e incluso con el tipo de suerte que le podría esperar, ya sin la banda presidencial en el pecho.
Cierto es que el blindaje constitucional le pone a salvo de turbulencias judiciales por lo que haya realizado desde el máximo cargo público nacional (a menos que se le demostrara técnica y puntualmente el haber cometido traición a la Patria), pero aún así el factor Peña (la manera como cierre su administración, y los pactos o desacuerdos que logre tejer respecto a su futuro como ex) está desde hoy a intensa discusión, en el contexto de un magno enojo social contra la cúpula de esta administración federal y contra el sistema político en general y con los próximos comicios como vía de desahogo, incluso irracional o manipulable.
Hasta hace pocas semanas, el candidato antisistema por definición era Andrés Manuel López Obrador, terco predicador contra la corrupción y extraña ave de los pantanos presupuestales que no cuenta con manchas en el plumaje personal. Casi en campaña presidencial permanente, AMLO acumuló una apabullante intención de voto ciudadano en cuanto su unicidad antisistema le convertía en receptor en automático del creciente hartazgo social.
El primer rasponazo en serio a la corona hasta entonces única lo dio Javier Corral Jurado, en el curso de un extraño pleito entre los gobiernos federal y de Chihuahua, un encontronazo que permitió al panista realizar una “caravana por la dignidad”, con quince ciudades a visitar en plan apenas disimulado de proselitismo y una amplia difusión mediática negativa que obtuvo justamente el efecto previsible: disimular los graves tropiezos de Corral en el ámbito chihuahuense y convertirlo en una figura nacional “antisistema”, en un “luchador” épico contra la corrupción, convocante incluso del inicio de “una segunda Revolución Mexicana”.
La llama de esa presunta insurrección cívica desde el norte solo alcanzó para el pago de novecientos millones de pesos que no habían sido oportunamente entregados a la administración de Chihuahua y para una especie de intercambio de rehenes políticos que ha dejado en virtual hibernación el gran tema de la triangulación de fondos federales para campañas electorales priistas, supuestamente con Luis Videgaray, Manlio Fabio Beltrones y José Antonio Meade como participantes en diversos grados.
Ahora, con una efervescencia de villanaje del priismo gobernante a nivel federal, como en su momento sucedió con Corral, quien ha ido creciendo es Ricardo Anaya Cortés como fabricada figura “antisistema”, abiertamente acosado (pero no sujeto a proceso penal) desde la cúpula del gobierno federal a causa de un expediente relacionado con el enriquecimiento de decenas de millones de pesos en una operación de compraventa de una nave industrial en Querétaro, maniobras todas que por sí mismas deberían ser suficientes para sujetar al candidato presidencial panista, en un pulcro ejercicio de la ley, a un proceso judicial pero que, sin embargo, se ha convertido en una colección de pifias y desdoros por parte de la Procuraduría General de la República, a cargo de un encargado del despacho, y, desde luego, por parte de Los Pinos.
Es tanta la animosidad que muestran los miembros del círculo compartido que rodea a Peña y a Meade, contra el “traidor” Anaya, que pareciera obligada la consignación del caso queretano ante las autoridades correspondientes. Solo de esa manera podría Meade acomodarse en el segundo lugar de preferencias electorales, que hasta ahora le ha sido tan esquivo, e intentar la cacería del peje.
El uso del instrumental de gobierno y de procuración de justicia será determinante en esta fase. Anaya insiste en hacerse de porciones de la etiqueta “antisistema”, prometiendo castigo a los corruptos e incluso enderezando la mira carcelaria contra el propio Peña Nieto, “si hubiera pruebas” en su contra. López Obrador insiste en su política de la amnistía, extendida especialmente al propio Peña Nieto, y en específico dijo ayer que si el mexiquense cumple su anuncio de no meterse en las elecciones será una de las pocas cosas que se recuerden bien de este gobierno; tales guiños han llevado a los adversarios de AMLO a hablar de un pacto secreto de impunidad entre el morenista y el priista. Y Meade ofrece una continuidad plana, impunidad por naturaleza, los mismos haciendo más o menos lo mismo. ¿Cuál será la suerte final de Peña y cuál el impacto electoral?
Ha dicho José Antonio Meade que no ha buscado a la profesora Elba Esther Gordillo, en busca de ayuda electoral. “Creo que queda abundantemente claro quién está haciendo equipo con Elba Esther, con su yerno y con su nieto”, dijo ayer el pentasecretario tecnopriista (el tecnopriismo no necesita credencial de afiliación formal: nomás llega y se hace de las candidaturas o los altos cargos).
Sin embargo, las cosas no son tan lineales como menciona el titular de la etiqueta #YoMero (convertida en #YoMiro, ya que Pepe Toño nomás miró pasar las pillerías y estafas con cargo a secretarías en las que despachó), pues el tropical #YaSabesQuién no ha correspondido, con las candidaturas esperadas, a los súbitos amores morenos profesados por la profesora Gordillo y su equipo reactivado.
No hacer candidato a senador al profesor Rafael Ochoa Guzmán, mano derecha de Elba Esther en asuntos sindicales, fue la mayor demostración del alto mando unipersonal de Morena de que la alianza oficiosa en curso no era suficientemente apreciada. Ahora, la construcción de la estructura gordillista para la defensa del voto está en espera de redefiniciones, y no han faltado quienes se han preguntado en ese grupo si serían mejor valorados sus servicios en otros ámbitos, como los del citado #YoMero. ¡Hasta mañana!
