Se aferra a “verdad histórica”
Familiares, reticentes
¿Qué hará AMLO?
Luego de la tregua e incluso de cierta recomposición silenciosa de imagen que le permitió la coyuntura electoral, Enrique Peña Nieto emprendió una osada campaña propagandística, a propósito de su sexto informe de labores que, de manera explicable, le está resultando contraproducente.
El catálogo de presuntas obras exitosas, el tono fingidamente triunfador, la reincidencia en las narrativas ofensivamente fantasiosas y la evidencia de los cumplidos a sí mismo, con cuantioso cargo al erario, han hecho que buena parte del público obligado a ver y escuchar esa catarata de anuncios esté recordando las razones que le llevó a rechazar en las urnas a Peña y su desastrosa administración.
Aun cuando la lista de fuertes agravios es amplia, ha resonado con especial fuerza la pretensión del citado Peña Nieto, expresada en la batería de anuncios de autoelogios antes mencionada, de reivindicar la versión oficial respecto a la desaparición de cuarenta y tres estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, en Guerrero.
La mentada “verdad histórica” ha sido repelida y desacreditada en los terrenos social y forense y en los ámbitos nacionales e internacionales. Pero Peña Nieto ha creído oportuno reiterar su adhesión a esa magna mentira histórica, incluso adjudicando a los familiares y padres de los desaparecidos una actitud reticente a aceptar la fabulación construida por Jesús Murillo Karam, entonces procurador general de la República, con el apoyo de personajes igualmente siniestros como Tomás Zerón de Lucio, encargado de montar la escena de “descubrimiento” de la única “evidencia” forense (bolsas plásticas, a la orilla de un río, con restos óseos de uno de los desaparecidos), a partir de la cual se ha sustentado la especie de la quema de los cuerpos en un basurero y la posterior dispersión de cenizas en aguas corrientes.
Dijo Peña Nieto, en una de sus recientes exuberancias de spots: “ “Ante la negativa y el rechazo por aceptar los alcances de la investigación de la PGR, donde había evidencias claras y contundentes de que, muy lamentablemente, los 43 jóvenes habían sido incinerados por un grupo delincuencial (…) fue necesario abrir la investigación a una Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que sus integrantes conocieran la investigación”.
Resulta insidioso adjudicar a una postura caprichosa o infundada de familiares, activistas y buena parte de la sociedad el haber tenido que recurrir a instancias externas para que revisaran las hechuras peñistas. Y, aun así, los resultados de esas profesionales indagaciones ajenas (las del Grupo Interdisciplinario de Especialistas Independientes, y las del Equipo Argentino de Antropología Forense) resultaron adversas de manera contundente a la versión oficial.
Precisamente por la dimensión de lo ocurrido en aquella noche y madrugada en Iguala, y por las evidencias documentadas de las múltiples maquinaciones que se han realizado desde estructuras gubernamentales (en los ámbitos civil y militar) para evitar que se conozca la verdad de lo sucedido con los estudiantes normalistas, la administración obradorista está obligada a aportar suficientes y contundentes elementos que ayuden a encontrar esa verdad y, especialmente, a que se apliquen las sanciones correspondientes a todos los funcionarios públicos, policías y militares involucrados en ese doloroso episodio.
Se ha hablado de establecer una comisión de la verdad, se ha nombrado a Alejandro Encinas como futuro subsecretario de gobernación, especialmente encargado del expediente de los 43, y se tiene una resolución del poder judicial federal ordenando que se revise todo el proceso judicial, mal llevado hasta ahora, y se creen comisiones e instancias en busca de conocer la verdad histórica. La manera como el próximo gobierno federal aborde y resuelva este tema habrá de definir, como lo ha hecho con el actual, el grado de compromiso con la ley, la justicia y la sociedad, más allá de fueros civiles y militares y de eventuales alianzas electorales o transicionales.
No es, desde luego, el único caso que requiere de pronta y firme atención.
México es un país de desaparecidos, y a lo largo y ancho de la geografía nacional hay denuncias concretas de esa índole y grupos de ciudadanos que denuncian, protestan y realizan seguimientos y búsquedas por cuenta propia. Ayer, fue un día dedicado al recuerdo y la insistencia en cuanto a personas desaparecidas. Lo cierto es que el aparato gubernamental mexicano, en sus tres niveles (federal, estatal y municipal) y en sus vertientes civiles y policiacas, así como militares (Ejército y Marina) reportan ínfimos avances en cuanto a la resolución de los expedientes disponibles y, con frecuencia, están involucradas esas mismas instancias de poder en la comisión de hechos delictivos y en la protección de los autores materiales de secuestros y desapariciones.
En ese contexto, resulta poco alentadora la decisión del próximo gobierno federal de mantener el mismo esquema de “combate” al narcotráfico que sostuvieron el panista Felipe Calderón y el priista Enrique Peña. Por ejemplo, ayer en Morelos el gobernador electo, Cuauhtémoc Blanco, anunció que su secretario de seguridad pública será un vicealmirante. Según las versiones difundidas en Cuernavaca, esa designación fue acordada con las autoridades federales en función y con representantes de la siguiente administración, la obradorista.
Ese esquema se ha mantenido durante largos años. Desde las secretarías de la defensa nacional o de la marina se envían mandos retirados o en activo para que se encarguen de las oficinas de seguridad pública en estados y municipios, en una cesión de poder civil y político a la realidad operativa de los manuales militares. Con frecuencia, esos funcionarios castrenses se convierten en jefes de los negocios locales oscuros y en ejecutantes de maniobras lesivas de los derechos humanos. ¡
Hasta el próximo lunes!
