Andrés Manuel López Obrador designó a Ignacio Ovalle Fernández como director de un organismo que se creará a partir del próximo uno de diciembre: Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), que fusionará los encargos que actualmente cumplen Liconsa y Diconsa; remanentes del sistema asistencial-electoral tan utilizado por el presidencialismo priista.
Ovalle Fernández fue secretario privado del presidente Luis Echeverría (quien vivió en Los Pinos de 1970 a 1976) y, a los treinta años de edad, fue designado poderoso secretario de la presidencia (recuérdese que Echeverría, siempre bajo el estigma del Dos de Octubre, impulsó una generación de políticos jóvenes, entre ellos Fidel Herrera, José Murat, Carlos Armando Biebrich y Beatriz Paredes).
Luego, en enero de 1977, ya con José López Portillo en Los Pinos, fue titular de la coordinación general del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (Coplemar), que entre otras dependencias bajo su control tendría al Instituto Nacional Indigenista (INI).
Del cual, en ese mismo 1977, a instancias del gobernador Leandro Rovirosa Wade, el propio López Obrador fue delegado estatal en Tabasco (encargo que permitió al joven funcionario fortalecer una relación de trabajo con comunidades indígenas y crear una base social que le ha permanecido fiel a lo largo de décadas).
A la llegada de Miguel de la Madrid a la presidencia, Ovalle Fernández fue embajador de México en Argentina y, luego, en Cuba. En el arranque de las administraciones abiertamente neoliberales parecía poco atractivo tener en la estructura nacional a un personaje identificado con el “populismo”.
Pero Carlos Salinas de Gortari no tuvo empacho en rehabilitar a Ovalle, al designarlo titular de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), con la intención de consolidar el Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), con su reparto de recursos públicos para censar y controlar a las masas votantes y la intención de utilizar esa plataforma para crear la organización electoral del salinismo, el Partido de la Solidaridad.
En noviembre de 1990, Ovalle Fernández fue removido de la dirección general de Conasupo, en medio del escándalo relacionado con los tortivales y las tarjetas “de pobre”. Un mes antes de su renuncia, había puesto en marcha el reparto de vales para que 32 millones de familias recibieran un kilogramo de tortillas gratis al día, durante un periodo que iría del 26 de noviembre de 1990 hasta el 28 de febrero de 1991. Las familias beneficiadas deberían demostrar que tenían ingresos totales de hasta dos salarios mínimos.
Luego de ese periodo de arranque, se pretendía que entraran en función tarjetas con identificación personalizada del usuario, mediante tiras magnéticas, a las que se comenzó a llamar “tarjetas de pobre”; con las cuales el beneficio alcanzaría a unos 40 millones de personas, antes de las elecciones federales intermedias en las que el salinismo buscaría consolidar su “legitimación de facto”.
En un reportaje de aquel año en la revista Proceso, Guillermo Correa incluyó las declaraciones de Genaro Domínguez, de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indios: “Lo que hizo Ovalle fue excederse en la manipulación política del hambre, para comprar el voto con los tortivales. El es experto en eso, pero no entiende que tal forma de ser ya no es efectiva en estos momentos. Ya no opera el dar, el pueblo exige cambios, no más paternalismo”.
Para la Coordinadora de Trabajadores al Servicio del Estado (Cotrase), “los tortivales a domicilio son una vacilada. Ovalle se negó a comprender que no hay más salida que un salario digno y que ahora es más difícil mantenerse en el poder, aprovechándose de las necesidades” ( https://goo.gl/LXZGbm ). Ahora, con López Obrador rumbo a la silla presidencial, Ovalle vuelve a escena.
Las revelaciones de más abusos de sacerdotes católicos contra niños en Estados Unidos ha agravado la crisis en la milenaria institución, que no parece encontrar una vía eficaz y convincente para castigar a sus delictivos representantes y evitar la repetición de tales episodios.
En México se han vivido sistemáticamente abusos similares, aunque la colusión de altos mandos clericales con los jefes del sistema político mexicano han impedido que haya las sanciones adecuadas.
El ejemplo más reciente de esas complicidades protectoras de pederastia sacerdotal lo dio Norberto Rivera, quien durante décadas fue el arzobispo primado de la Ciudad de México. En todo el país se han denunciado casos en que presbíteros han participado en actos de delincuencia sexual, pero la consignación de esos expedientes ante las autoridades judiciales, y el encarcelamiento y sentencia a esos ministros religiosos es ínfimo, en proporción a la abundancia de esos hechos.
La negativa a aceptar la gravedad de los hechos, o la tendencia a tratar de repartir culpas, ha estado presente en las declaraciones de Sergio Obeso, cardenal de Veracruz, quien en conferencia de prensa dijo: “A veces quienes nos acusan, deberían tener tantita pena, porque suelen tener una cola que les pisen muy larga, pero también en lo que a nosotros respecta, nos sentimos muy mal y queremos mejorar”.
La reunión de López Obrador con el Consejo Mexicano de Negocios pareció favorable a ambas partes, al menos en el terreno declarativo. El presidente electo ofreció apoyo a los empresarios, para que haya crecimiento económico, y estos dijeron haber escuchado a un político “pragmático”, con ánimo constructivo y de colaboración.
Se habló de la construcción del nuevo aeropuerto internacional, pues preocupa a las personas de negocios el curso que tenga ese proyecto, de lo cual habló ayer con más precisión el futuro ocupante de la silla presidencial. Y, mientras Luis Videgaray niega que esté retrasando la extradición del ex gobernador priista de Chihuahua, César Duarte, como lo ha asegurado el mandatario panista, Javier Corral. ¡Hasta el próximo lunes!
