-Cantantes en Brooklyn
-Muerte de funcionarios
-Actores en Netflix
El juicio a Joaquín Guzmán Loera, en Brooklyn, es en realidad un juicio al sistema político mexicano, no solo a sus ramificaciones policiacas, militares o judiciales. Pero justamente cuando la “Guerra contra el narcotráfico” entra a su segunda transformación (Felipe Calderón planteó el modelo original y Enrique Peña Nieto realizó la primera transformación, que en realidad fue continuidad), ahora con el ropaje de una Guardia Nacional de origen militar, bajo mano militar y con militares aún más intrusivos (de aprobarse el correspondiente proyecto de ley, en sus términos, podrían ser “auxiliares” de las agencias del Ministerio Público), las revelaciones provenientes de Nueva York muestran sin atenuantes el nivel de control del aparato estatal que han llegado a adquirir los grupos ejecutivos del crimen organizado, los llamados cárteles, más allá de planes ingeniosos, declaraciones enjundiosas y buenas intenciones de reformismo compaginado.
Todas las declaraciones y acusaciones surgidas del jurado de New York han de tomarse con las reservas del caso, pues obedecen a estrategias de defensa o ataque por voz de apoderados legales o partícipes y testigos que suelen tener beneficios y si se conducen en la línea deseada por los controladores del proceso. Sin embargo, señalamientos crudos, en particular contra personajes de primer nivel, como los citados Calderón y Peña, como presuntos receptores de sobornos provenientes de determinados cárteles, embonan con precisión y los antecedentes de corrupción y abuso que caracterizaron a sus reprobadas administraciones.
En el coro de delaciones que se desarrolla en Nueva York ha tenido un papel destacado Jesús Zambada, apodado “El Rey”, hermano del discreto “Mayo”, reputado como el máximo jefe real del Cártel de Sinaloa. Ayer, “El Rey” relató que en 2005 se urdió un plan para asesinar a José Luis Santiago Vasconcelos, quien era titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO, que en 2012 se convirtió en SIEDO, Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada; meros cambios de fachada).
La orden de ejecución contra Santiago Vasconcelos tuvo como sustento su grave pecado operativo, según lo dicho por “El Rey” Zambada: dicho subprocurador “no agarraba dinero… de parte del narcotráfico” y, en ese sentido, “no cooperaba con nadie”. Los jefes del Cártel de Sinaloa desistieron de la intención exterminadora y desactivaron a los verdugos, según el citado “Rey”. Pero ese subprocurador murió en otro de los extraños accidentes aéreos que caracterizaron las etapas de Vicente Fox y de Calderón como ocupantes del poder presidencial.
En la tarde del 4 de noviembre de 2008, en viaje de San Luis Potosí a la Ciudad de México, se desplomó el avión cuyos pasajeros más conocidos eran el propio Santiago Vasconcelos y, sobre todo, Juan Camilo Mouriño Terrazo, el joven economista nacido en Madrid al que Felipe Calderón hizo todopoderoso secretario de Gobernación y virtual precandidato explícito a la sucesión en 2012. El mayor golpe político e íntimo que recibió Calderón durante su paso por Los Pinos fue la muerte de su gran amigo y principal proyecto político a futuro.
En 2005, el mismo año en que los mafiosos sinaloenses tramaban el asesinato del fiscal antidroga; Santiago Vasconcelos, murió en accidente aéreo el secretario federal de seguridad pública, Ramón Martín Huerta, quien había suplido a Vicente Fox cuando éste dejó la gubernatura de Guanajuato para buscar Los Pinos. Y en noviembre de 2011, al caer el helicóptero en el que se transportaba, murió quien entonces era secretario de Gobernación con Calderón, el tijuanense José Francisco Blake Mora.
Con esos y muchos episodios más (la muerte de Héctor Beltrán Leyva, por ejemplo, que pareciera mensaje con rumbo al norte), pareciera informe oficial de labores lo que la serie de Netflix, Narcos, muestra en su cuarta temporada, con Diego Luna, Tenoch Huerta, Joaquín Cosío, José María Yazpik y Michael Peña en los papeles principales.-
El futuro secretario de hacienda, Carlos Urzúa, sigue realizando filtraciones, imprecisiones y errores de su propio equipo (tal vez la primera pregunta debería ser si de verdad tiene “su” equipo de trabajo).
El episodio más reciente se produjo ayer, al publicarse que el presupuesto para las universidades públicas sería 32.5% menor a lo correspondiente al año en curso. Tal versión provocó reacciones inmediatas, pues el presidente electo había prometido a rectores de esas casas de estudios que se mantendrían las asignaciones monetarias en términos similares a las actuales e incluso se estudiaría la posibilidad de un pequeño incremento.
Ayer mismo salió al quite el propio Urzúa, para informar que un “error de cálculo” hizo aparecer el citado porcentaje tan negativo para las universidades públicas. Sin embargo, al estilo en curso, de dar golpes mediáticos o políticos para luego suavizar o negociar, no se ha precisado si habrá reducción a esos presupuestos, así fuera en proporción menor a la que al ser develada provocó escándalo.
Tomó posesión el michoacano Marko Cortés de la presidencia del comité directivo del Partido Acción Nacional. Lo hace en los peores momentos para su organización y él mismo no muestra el empaque que algunos de sus antecesores llegaron a ofrecer.
Y, mientras el nuevo logotipo de la Ciudad de México entra al terreno de la polémica, por el presunto plagio contra una banda metalera de Monterrey.
