Son dos golpes: el más escandaloso es el que involucra, cuando menos en términos de proceso judicial en Estados Unidos, a los dos tenebrosos ocupantes recientes de Los Pinos: al funerario Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), que redibujó a balazos el mapa gerencial del narcotráfico, y el siempre implacable Enrique Peña Nieto (2012-2018), palurdo en muchas cosas pero doctoral en el manejo de negocios redituables, ambos muy especializados en el uso de recursos, tan abundantes como oscuros, para efectos de campañas, elecciones y “gobierno”.
Cierto: es la palabra de un procesado. Del delincuente más famoso de México y tal vez del mundo. Y los señalamientos contra Calderón y Peña han de entenderse en el contexto de la estrategia de su abogado, Jeffrey Lichtman, quien busca diluir el perfil de máximo jefe que siempre ha acompañado al personaje nacido en el poblado La Tuna, municipio de Badiraguato, estado de Sinaloa.
Pero hay una abundancia de hechos, evidencias y acusaciones que muestran a la política mexicana, y sus principales administradores recientes, con Calderón y Peña a la cabeza, en condición de personajes de serie del crimen organizado en producciones para televisoras o distribuidoras por internet.
La política mexicana, es decir, el sistema, han sido largamente infiltrados y, a estas alturas (al menos hasta el final del ciclo que pretende ser roto por el obradorismo), dominados, por el crimen organizado que no deja de ser una construcción de alteridad encubridora que el propio sistema se ha habilitado para simular que el crimen explícito y el crimen institucional son cosas distintas, siendo que son a la fecha lo mismo.
Por lo pronto, la estrategia del abogado de “El Chapo” coloca al sistema político mexicano en el sitio ideal para las presiones políticas estadunidenses y el revuelo mediático internacional.
No deja de ser una especie de delación involuntaria el hecho de que las acusaciones de Guzmán Loera no afectan a Vicente Fox Quesada, al inicio de cuya administración se fugó el sinaloense de una forma que generó la extendida especulación de que había sido una especie de liberación arreglada para que el legendario capo se reinstalara como gerente nacional de preferencia sexenal.
Y ahí viene el otro golpe: la fisura explícita entre Joaquín Guzmán Loera e Ismael Zambada, alias “El Mayo”, verdadero capo mayor, según la declaración del representante legal de “El Chapo”. Zambada se había mantenido en un plano de discreción, roto en abril de 2010 con la entrevista que dio a Julio Scherer para la revista Proceso, que publicó en portada la fotografía del encuentro.
Al dirigir los reflectores hacia Zambada, señalándolo como el jefe real del Cártel de Sinaloa, “El Chapo” está abriendo el camino para profundizar las batallas entre los bandos que convergen en ese cártel, el más “institucional” hasta ahora, el más predispuesto a combinar el “negocio” con la paz social, sin involucrar a civiles ajenos al narcotráfico.
Contra la insistencia del saliente Peña Nieto y sus jefes militares, el general Salvador Cienfuegos y el almirante Vidal Francisco Soberón, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se perfila el rechazo a la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior que fue aprobada en el poder legislativo anterior, dominado por el priismo y sus aliados explícitos o implícitos. Seis ministros, entre ellos el camaleónico Eduardo Medina-Mora, se han manifestado en contra de esa ley.
Faltan dos votos para que se cierre la posibilidad de esa legalización del militarismo que, sin embargo, puede ser retomada en la práctica en el plan obradorista de seguridad pública, con mandos centralizados en manos castrenses.
No es la primera ocasión en que se enredan los cables de la comunicación interna en el primer nivel de Morena y la presidencia electa. Ayer, Yeidckol Polevnsky anunció, con aire informal, que el presidente de Estados Unidos había confirmado su visita a México para presenciar la toma de protesta de López Obrador. Hubo de salir el vocero, Jesús Ramírez Cuevas, a precisar que el único confirmado por parte del país vecino era el vicepresidente Mike Pence. Ante ello, la dirigente formal del partido dominante dijo que a ella no le correspondía confirmar visitas oficiales, aceptando, sin aceptar, su error y acogiéndose a la versión oficial relativa a Pence y no a Donald Trump.
Ya antes se han producido pifias notables, como la “confirmación” de que el Papa Francisco participaría en el esquema de consultas sobre pacificación y amnistía. Recientemente, la embajada de Francia en México tuvo que salir a precisar el muy circunstancial papel de aquel país en cuanto a la obtención de dictámenes sobre operación aeroportuaria.
