• Derecha culpa a AMLO
• Consulta aterrizada
• Decisiones e impugnaciones
El anuncio de la asistencia del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, generó una explicable efervescencia entre quienes en México le culpan de los males de aquel país sudamericano. En muchos países y en diversos tipos de reuniones suele manifestarse el rechazo a la presencia de determinados personajes públicos. No solo en redes sociales, como sucede hasta ahora en México respecto a Maduro: también a través de manifestaciones, marchas públicas y otras formas de protesta.
Sin embargo, dos alicaídos personajes de la agazapada derecha mexicana han encabezado un forzado intento de endosar el tema de Nicolás Maduro a la cuenta política de López Obrador, a quien culpan, con tintas cargadas, de invitar al venezolano y, así, “permitir” que “ofenda” al suelo patrio. Vicente Fox Quezada (una especie de derecha priizada, netamente oportunista) y Felipe Calderón Hinojosa (de fuerza política en sostenido declive), han lanzado desmemoriadas ofensivas contra el tabasqueño, como si ellos mismos no hubieran aceptado, en cumplimiento de responsabilidades políticas y diplomáticas (obtenidas bajo fraude electoral, en el caso de Calderón), la convivencia y el entendimiento con personajes de filiación política similar a la que hoy atribuyen a Maduro.
La necesidad de encontrar banderas contra el obradorismo ha llevado a una apasionada corriente de esa derecha a exigir que se cancele la invitación al sucesor de Hugo Chávez, sin atender el hecho concreto de que el presidente electo decidió invitar a su toma de posesión a mandatarios representantes de países de todo el mundo y que esa práctica diplomática abre las puertas, igualmente, a personajes indeseados para otras porciones de mexicanos, como Donald Trump, quien no vendrá personalmente pero envía al vicepresidente Mike Pence, o como el rey de España, Felipe VI, en medio de la creciente oposición en España al monarquismo.
A la hora de redactar la presente columna no se tenían resultados oficiales de la consulta sobre temas aeroportuarios que impulsó el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ni se había producido el mensaje dominical anunciado sobre el tema. El futuro coordinador de comunicación social, Jesús Ramírez Cuevas, había informado, al final de cada uno de los tres primeros días de esa jornada de auscultación, respecto al número de sufragantes en cada ocasión, sin entrar en mayores detalles. Y ayer, ya a punto de cerrar las mesas receptoras de votación, redondeó en un millón el cálculo sobre la cantidad de partícipes.
El laxo diseño de ese ejercicio, denominado “consulta”, le restó la contundencia jurídica y política que un tema de tal magnitud requeriría. Opositores al obradorismo aprovecharon la oportunidad para lanzar críticas de variado calibre y, en particular, personajes de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática anunciaron que presentarán impugnaciones por la vía judicial (ya antes, como se informó en esta columna, cuatro estudiantes de derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México habían solicitado a la justicia federal que se invalide la “consulta” en mención). En estricto sentido jurídico, el citado sondeo queda sujeto a la resolución judicial que podría llevarse un par de semanas.
Más allá del aspecto meramente procesal y del desenlace judicial que se produzca, lo importante es que el presidente electo asumirá como propio el resultado que se anuncie. Concebida como una fórmula para aminorar el costo político de la decisión a tomar sobre los aeropuertos, esa consulta permitirá a López Obrador enfrentar, con cargo a la “democracia”, el enojo de sus seguidores, si el desenlace oficial apunta a la continuidad del proyecto de Texcoco, o de los empresarios y grandes capitalistas, si fuera lo contrario y se decidiera avanzar por la ruta tripartita del actual aeropuerto capitalino, el de Toluca y dos pistas en la base militar de Santa Lucía.
Policías federales repelieron ayer a migrantes centroamericanos que pretendían ingresar a México en la frontera con Guatemala. En la gresca hubo disparos de latas de gases lacrimógenos y de proyectiles plásticos, según las denuncias de los afectados. Los riesgos de violencia habían sido disipados hasta ahora, pues la citada Policía Federal ha evitado el enfrentamiento directo con el primer grupo, que entró a México cruzando el río Suchiate y luego se ha reagrupado en una caravana que ya llegó a Oaxaca.
Un momento clave podría suscitarse cuando la caravana, ahora denominada éxodo centroamericano, busque dejar Oaxaca, pues en el ánimo de las autoridades federales está la intención de confinar a esos migrantes en los estados de Chiapas y Oaxaca, sin permitirles seguir adelante. Tal es el sentido del ofrecimiento peñista de empleo temporal y servicios médicos y educativos en esas entidades. Sin embargo, los dirigentes de la marcha de migrantes pretenden llegar a la Ciudad de México, para plantear sus problemas y exigencias a las autoridades federales en la sede nacional.
El gobierno peñista ha sobrellevado el caso de la caravana de migrantes, pero esa tolerancia tiene como límite la exigencia de Trump de que estos problemas no sean llevados a la frontera entre México y Estados Unidos, lo cual obligaría a nuestro país a negociar o imponer mecanismos para arraigar provisionalmente a los centroamericanos a las zonas de contención antes mencionadas.
Dirigentes de las secciones sindicales del magisterio no oficialista (la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación) se reunieron ayer con López Obrador y con el futuro secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, en la casa de transición, en la Ciudad de México. Además de las demandas gremiales específicas, sobre todo las relacionadas con los términos específicos de la derogación de la reforma educativa, está en el aire el tema del intento de Elba Esther Gordillo de deponer al actual dirigente sindical oficial, Juan Díaz de la Torre, y ser instalada ella misma como presidenta del sindicato nacional. ¡Hasta mañana
